Lima, un semestre perdido: enero a junio 2008

Lima, un semestre perdido: enero a junio 2008

Ciudad Nuestra es una organización que tiene como propósito contribuir en la elaboración de una visión compartida para el desarrollo de la metrópoli alentando la mejora permanente de la calidad de vida, el cuidado ambiental y los mecanismos que la conviertan en una ciudad segura, inclusiva, moderna y gobernable.

Para ello alentamos el diálogo abierto y plural que haga posible dotar a Lima de un plan integral de largo plazo que sea respetado por las sucesivas gestiones que la gobiernen.

En enero pasado, con ocasión del aniversario de Lima, ofrecimos una primera evaluación anual de la Gestión Metropolitana que abarcó algunas de las principales competencias del gobierno de la ciudad. Hoy ofrecemos un corte temporal luego de transcurrido un semestre desde entonces y porque consideramos importante dejar constancia de lo ocurrido durante este período.

En el periodo enero a junio del 2008 los procesos sustantivos en curso para la mejora de la calidad de vida sufrieron retrocesos que colocan a la ciudad a mayor distancia de los objetivos deseados.

1) Nos referimos, en primer lugar, a la anulación del concurso público para la concesión de los lotes de buses articulados que atenderán las rutas del Metropolitano y el consecuente retraso general en la implantación del nuevo sistema. El señor Alcalde, luego de una gran presión mediática e interna, desde el Concejo Metropolitano, aceptó explícitamente que la cancelación del concurso obedeció a razones de carácter subjetivo amparadas en las propias bases.
Lo cierto es que, por la complejidad del proceso y por la articulación estrecha entre cada uno de los componentes técnicos del proyecto, tal decisión ha significado un golpe más a un accidentado proceso que ya sumó su sexto equipo gerencial desde que se inició. Ha puesto en tela de juicio la capacidad de conducción y dirección de los equipos que son elegidos, sucesivamente, por el propio alcalde y su entorno. La credibilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante MML) frente a los consorcios internacionales postores en dicho concurso y frente al mercado en general ha quedado lesionada.
El desconcierto de los ciudadanos frente a estos tropiezos no ha sido considerado por el alcalde y su entorno. Ya se escuchan las críticas de especialistas y observadores al ver las pistas nuevas abandonadas e invadidas todos los días por los colectivos piratas que usurpan el zanjón sin que la policía ni la municipalidad hagan algo para evitarlo.
Preocupa saber que el proyecto en marcha ha sido reformulado disminuyendo el número de unidades (buses articulados y buses alimentadores) con la inaceptable excusa de que “la postergada racionalización del transporte urbano” no se aplicaría al 100% sino recortada y “de manera progresiva”.
Han transcurrido seis meses desde la culminación de las obras físicas (pistas) en la vía expresa del Paseo de la República y hasta hoy no hay indicios de la construcción de estaciones y paraderos. Con estas señales, ¿creeremos los futuros usuarios en la “eficiencia” publicitada de este nuevo sistema de transporte masivo?

2) Al iniciarse el año el servicio de revisiones técnicas (tercerizadas por contrato definido por la MML y el concesionario ganador) había logrado normalizar las atenciones al público y, una vez atendida con suficiencia la demanda real, había programado un crecimiento del servicio con la apertura de nuevas plantas. Mientras eso sucedía, la ciudad asistió a una disputa abierta entre las partes que desorientó a los usuarios y produjo un creciente rechazo al sistema ordenador. En el mes de febrero la alcaldía, mal asesorada por abogados externos, y bajo el pretexto de defender a los usuarios, declaró la caducidad del contrato de concesión traspasando una frontera que ha puesto en serio riesgo la credibilidad y las finanzas municipales. Como consecuencia de estos hechos, la ciudad padece el envilecimiento del aire y una enorme contaminación sonora además de un conjunto de procesos arbitrales y litigios judiciales de pronóstico reservado.
Pero lo que reviste mayor gravedad es el mensaje final: la Municipalidad Metropolitana asume ante la ciudadanía su incompetencia y su falta de voluntad ordenadora en materia del parque automotor, principal contaminante y responsable de la elevada accidentalidad urbana además de ser el causante de enormes pérdidas económicas por su ineficiencia. Los funcionarios ni se inmutan al aceptar que “será mejor que, de este asunto, se encargue el Ministerio de Transportes y Comunicaciones”.
Hace pocos días, el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio de Lima, emitió una resolución, la Nº 7, que no admite interpretaciones frente al servicio público involucrado: “El Concejo de Lima está obligado a la adopción de las medidas necesarias que permitan a la sociedad concesionaria… la reanudación de los servicios de las revisiones técnicas vehiculares y la reapertura de las instalaciones…” Sin embargo, prosiguiendo con su conducta irresponsable y adversa al cuidado ambiental, el vocero legal del Municipio sostuvo que “el Concejo es respetuoso de la decisión del Tribunal Arbitral, pero aún no podemos decir si la acatará (sic)”.

3) El colapso de los colectores ha marcado también este semestre que termina. Cuando desde el gobierno central se habla de agua para todos de inmediato, en las ciudades, conectamos con la idea de desagüe de todos. Y la pregunta de rigor es ¿qué hacemos con estas aguas residuales? El crecimiento de la ciudad y su población ha provocado que este asunto se convierta en un tema insoslayable para la gobernabilidad ambiental urbana.
SEDAPAL, la empresa estatal que administra el agua en la metrópoli, siempre con reflejos tardíos, propuso soluciones temporales mientras retomaba los abandonados proyectos de emisión submarina (para los que se requiere de una planta de tratamiento y grandes inversiones) y el relanzamiento de plantas de filtración y preparación de las aguas para uso agrícola y forestal. Estos proyectos estarían operativos del 2010 en adelante.
Lo que llama poderosamente la atención a cualquier observador medianamente informado fue la total ausencia de la MML para definir una solución temporal durante la crisis y las negociaciones posteriores entre distritos limeños y chalacos. El gobierno de la ciudad, es decir, el Alcalde Metropolitano, dejó desamparado a distritos como San Miguel, cuyo alcalde encabezó la defensa de su distrito para evitar que las aguas negras siguieran emanando por su distrito. Hasta el gobierno regional del Callao estuvo presente en las reuniones defendiendo sus fueros y apoyando a sus distritos. No podemos aceptar, en adelante, un gobierno metropolitano que se coloca de espaldas frente a los retos y dificultades para dotar de agua dulce y saneamiento seguro a sus vecinos. El asiento en el directorio de SEDAPAL aún espera por el señor Castañeda y las limeñas y limeños exigimos que lo ocupe.

4) Seguimos desperdiciando grandes oportunidades al no impulsar los proyectos ambientales en el marco de los mecanismos de desarrollo limpio (MDL) derivados del protocolo de Kyoto. La Municipalidad puede aprovechar los rellenos sanitarios, la reconversión del parque de transporte público o el megaproyecto de bosque verde en los arenales de Piedras Gordas en el distrito de Ancón y otros. Pero parece ser que intereses poco claros confabulados con algunas dependencias municipales estarían tras de un solo proyecto pero con la condición que no haya concurso público.
Consideramos que la falta de transparencia de algunos empresarios y su indisposición frente a la competencia no puede condicionar la conducta del gobierno metropolitano. Lima debe ponerse al día con estos procesos y canalizarlos de manera pública y transparente. Al mismo tiempo, creemos que no puede seguir perdiendo la oportunidad de reforzar sus finanzas a la vez que contribuir decididamente con la mejora ambiental metropolitana.

5) Otro gran proceso cuya solución afectará, sin duda, en un sentido u otro, la vida de la ciudad es la licitación internacional para otorgar la concesión para construir y operar el tren eléctrico. Conocido es que la MML, desde que recibió en transferencia el tren urbano hace algunos años, no pudo lograr más que su mantenimiento. Los estudios no arrojaban rentabilidad mínima y no había cómo inflar la demanda real. Así las cosas, llegado el APRA nuevamente al poder, la MML encarga a PROINVERSION, con ayuda de la PCM, la misión de promover el proyecto y entregarlo en concesión en un plazo de un año.
Vencido este lapso a fines del año 2007, la ciudad ha sido testigo de un sinnúmero de postergaciones (con variación de bases y aumento de exigencias por parte de los postores) sin que se vislumbre aún la finalización del proceso y sin que contemos con un consorcio ganador.
Lo cierto es que las condiciones de mercado no han variado y eso nos obliga a ajustar la proporción de la inversión estatal necesaria para sacarlo adelante: ésta ha pasado de 140 a más de 300 millones de dólares adicionales frente a unos 100 millones que aportaría el inversionista privado. Lo complicado es que todos pagaremos ese costo y que la MML cargará con las desventuras de su imprevisible funcionamiento sobre rieles.
Este proceso, como otros de similar envergadura e impacto en la vida de la ciudad, atraviesa por un territorio frágil, plagado de consideraciones políticas, de imperativos personales y de ambiciones privadas, dejando en segundo plano la importancia de lo técnico que es, en definitiva, lo que garantizará su viabilidad.

6) Finalmente, creemos que es necesario dedicarle unas líneas para hablar sobre el superávit de obras viales. La ciudad es el hábitat de todos y es en función al bienestar colectivo que las intervenciones urbanas deben planificarse. No son aceptables, en absoluto, las excusas que pretenden explicar la congestión, el ruido y la polvareda apoyándose en la decoración para las “cumbres” o en el retraso y posterior desembolso simultáneo de los fondos desde el gobierno central para que todos los distritos “parchen”, a su antojo y no de manera planificada y coordinada, avenidas y calles por donde circularán personas importantes que no viven ni vivirán en Lima. Menos aún si los vecinos y vecinas no tienen como saber qué empresa contratista las ejecuta, cuál es el plazo de término y los costos totales y, por falta de un mecanismo explícito de defensa del vecino, sin poder presentar una queja formal por demoras o dificultades cuando corresponda.
Las autoridades están obligadas a caminar por la ciudad pero ellas siempre transitan en sus cómodos coches con chofer y lunas oscuras. Sólo caminando las calles, intentando sobrevivir en los endemoniados “cruceros” peatonales de las grandes avenidas o tratando de descifrar la irracional y contradictoria práctica de la policía de tránsito que siempre privilegia a los vehículos sobre los peatones y transeúntes o esquivando las endiabladas y temerarias maniobras de combis, colectivos y moto-taxis, podrán aquilatar el sufrimiento de todos los ciudadanos que transitamos por la metrópoli.

Es así que en el semestre que pasó vemos que el Alcalde Metropolitano y sus allegados han continuado ejecutando obras sin concierto ni coordinación y destruyendo la convivencia. A estas alturas, cabría preguntarse si están calificados para gobernar. Una vez más: el sentido primordial del gobierno local es mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Y corresponde al Alcalde Metropolitano evitar que la fiebre de contrataciones acabe generando violencia y desánimo entre nosotros.


Lima, 30 de junio de 2008

Preparado por: Rafael García M., Director Ejecutivo de Ciudad Nuestra
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