Para entender los conflictos sociales

.
A continuación, un correo electrónico personal enviado por Víctor Caballero, investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Lo reproduzco con autorización de Víctor, naturalmente, con mínimos cambios de edición. Excelente crónica que da muchas luces para entender cómo y por qué ocurren los conflictos, y qué debería hacerse frente a ellos. Saludos.


-------------- Mensaje original ---------------

Asunto: ALTURAS DE CHALLHUAHUACHO
De: Víctor Caballero Martin
Fecha: Dom, 29 de Julio de 2007, 12:57 am

Estimados amigos

El día lunes 23 de julio, cerca de dos mil comuneros de la provincia de Cotabambas, organizados en la Federación Provincial de Campesinos de Cotabambas, habían rodeado el campamento de la empresa minera XStrata ubicado en el distrito de Challhuahuacho, y amenazaron tomarla si es que no se enviaba una Comisión de Alto Nivel a negociar su plataforma de lucha. Esta acción formaba parte del paro agrario del 23 y 24 julio que dicha federación había programado.

Los gerentes de la minera XStrata acudieron a la PCM para que evitaran la toma de las instalaciones; ya el sábado pasado habían coordinado con el Ministro de Energía y Minas para enviar un funcionario a calmar los ánimos de los campesinos.

En un inicio quienes estaban informados de esta medida de fuerza consideraban que no iba a tener éxito: la federación estaba debilitada, decían, porque la lucha se explicaba por la disputas de liderazgos entre el presidente de la federación y el alcalde provincial de Cotabambas, disputa que se centraba sobre todo en la plata no invertida del fondo del Fideicomiso de Las Bambas.

Pero lo que vi en las fotos enviadas por Internet era otra cosa: columnas de campesinos bajando por los cerros a caballo y a pie; grupos enardecidos empujando las mallas del cerco del campamento minero. Cuando hablé por teléfono con el dirigente Valentín Roque Rata, sentí que el estado de ánimo era muy alterado. Exigían la presencia del Primer Ministro y del Ministro de Energía y Minas. Se calmaron un poco cuando les prometimos que iría una comisión multisectorial para trabajar la plataforma de lucha de la federación. Exigieron que la reunión se realice en la plaza pública de Challhuahuacho (a cuatro kilómetros del campamento minero).

Viajé al día siguiente presidiendo una delegación de siete funcionarios del MINEM – MINSA – MTC – MINEDU – MINAG. Antes de viajar llamé al presidente de la Región Apurímac, para proponer que él o el vicepresidente integre la delegación toda vez que la plataforma de la población eran demandas que debían ser resueltas por el gobierno regional, y en la medida que el problema más serio era el funcionamiento del Fondo de Fideicomiso de Las Bambas y con el Comité ejecutivo de dicho fondo donde el vicepresidente de la región participa como miembro pleno. Consideraba que la presencia de las autoridades del gobierno regional ayudaría mucho a resolver la plataforma de la federación, pero la respuesta fue sorprendente: el presidente prometió enviar al vicepresidente; a las seis de la tarde me llamaron para decirme que no iba nadie porque estaban atendiendo otros problemas (¿?).

Al llegar al pueblo de Challhuahuacho nos esperaban centenares de campesinos; otros venían bajando a caballo y a pie. Eran columnas de comuneros con características muy similares a la etnia de las comunidades de los Canas y Espinar; venían vestidos con sus típicos atuendos de bayeta negra uno, y blancas otros; con sombreros y cintas de colores. Habían pocas mujeres en los grupos. El policía del pueblo me hizo notar algo muy especial, pero que pasaba inadvertido: me dijo que para distinguir a los líderes comunales, los podía identificar por unos botones metálicos cosidos a la chaqueta; eran botones que tenían grabada una fecha (¿1894? ¿1884? No pude ver con detalle).

Si bien quien presidía la federación era Valentín Roque, noté que en realidad los presidentes de las comunidades tenían el mando real de los participantes. Se reunían aparte, en grupos y en círculo. Aunque ya me habían dicho que la federación estaba debilitada y que las disputas de liderazgos entre Valentín y el alcalde provincial explicaban en parte el conflicto (el alcalde provincial es el presidente del Fondo de Fideicomiso de Las Bambas), lo que me sorprendió (y creo que también a los dirigentes de la federación) era la contundencia de la lucha y la participación activa de los comuneros.

Por presión de la gente la reunión plenaria y las comisiones de trabajo se realizaron en la plaza pública (tipo asamblea comunal). No querían que nadie hable en cuartos o espacios cerrados. La desconfianza que se produzcan arreglos era evidente. No hubo protestas cuando propusimos que la reunión se organice de la siguiente manera: que hablen cinco representantes de la federación o del pueblo y luego trabajemos en cinco comisiones la plataforma de la federación.

Lo aceptaron y la reunión empezó, y fue muy tranquila, sin exabruptos. Los campesinos no se acercaron a la mesa; en las comisiones que se instalaron en la plaza, los comuneros rodearon la mesa, pero tampoco hubo incidentes; los participantes hablaron con fuerza, intransigencia a veces, pero cuando se llegaron a acuerdos o se resumían los temas tratados tampoco pasó nada.

Habló un dirigente del SUTE pero su demanda no era el motivo de la lucha comunera; lo mismo hizo el alcalde de la provincia de Cotabambas que siendo el presidente de la Comité Ejecutivo del Fideicomiso no dijo nada de este organismo y se dedicó a hacer una lista de pedidos de obras entre la que se encontraba la construcción de una hidroeléctrica en un sitio que – según dijo – estaba por determinar. La demanda de los presidentes de las comunidades eran muy concretas: la ampliación de la superficie de riego por aspersión, puentes y carreteras; equipamiento de las postas médicas. Lo que me llamó la atención fue el pedido del riego por aspersión. Unos decían que se necesitaban 10 mil hectáreas de tierras irrigadas con ese sistema. Otros pedían tractores para todas las comunidades campesinas. Tenían muy presente la lucha de Andahuaylas pero lo habían reducido al tema de los tractores. Si Andahuaylas consiguió 33 tractores ellos querían 100 porque eran más pobres.

En la comisión que participé (Pro Inversión) la demanda también era muy concreta: ese organismo no había funcionado. Tenían sospechas de corrupción de sus integrantes. Pero quien tenía que explicar por qué no había funcionado era el alcalde provincial que preside precisamente el Comité Ejecutivo del Fondo de Fideicomiso, pero desapareció de la reunión. Criticaban también la propaganda de la empresa XStrata que decía emplear a pobladores de la provincia y no lo hacía en la proporción que ellos esperaban; no les compraban sus productos; los capacitaban pero no les daban empleo. Aunque no dijeron que había discriminación pero sí señalaban que la empresa solo beneficia a cinco comunidades y no a las sesenta comunidades de la provincia. Decían: o se beneficia a todas o no se beneficia a nadie.

Muy pocos eran los oradores que tenían discursos más políticos (vale decir, relacionados al TLC, la contaminación ambiental, la revisión de los contratos mineros); el discurso predominante era contra Pro Inversión. A la empresa XStrata le pedían mejor atención. No hubo posiciones de confrontación con la mina ni contra su presencia, aunque mencionaban que si no les atendían iban a pedir que se vayan.

*NO HAY GOBIERNO*

El desarrollo del trabajo de las comisiones y las conclusiones a que se llegó en todas ellas me dio la impresión que uno de los problemas más graves es la ausencia de gobierno. Pero no de Gobierno Central (que en ciertos casos es muy evidente) sino de la ausencia del Gobierno Regional y de los Gobiernos Municipales Provinciales.

Cuando digo ausencia de gobierno, no hablo de falta de autoridad, sino falta de capacidad de administrar sus recursos presupuestales y la no aplicación de sus facultades transferidas para la gestión de la cosa pública.

Esto lo pude ver cuando se trabajaron los siguientes temas:

1. *Las demandas agropecuarias. *En realidad la Dirección Regional de Agricultura estaba en la obligación de elaborar el Informe Técnico para la declaratoria en emergencia de la provincia de Cotabambas; ellos eran los que debían gestionar el pedido de los tractores; los que debían elaborar los planes de riego por aspersión, la instalación de los fitotoldos, los cobertizos, etc. ¿Por qué no lo hacen? Porque esperan que funcionarios del MINAG vengan a trabajar con los comuneros directamente. Finalmente, para tramitar las demandas se fijaron las fechas del 18 y 20 de agosto para trabajar los planes de crianza y los planes de riego.

2. *Las demandas de carreteras y puentes*. De las cinco carreteras reclamadas, una ya estaba en ejecución en un 50%, las otras esperaban que los municipios distritales elaboren los expedientes técnicos para ser ejecutados este año; la construcción de un puente requería de la autorización del INC: Otra carretera dependía de la decisión del Gobierno Regional de proponer en el presupuesto 2008. Provías Descentralizado también tenía responsabilidad por no contar con mayor recurso para financiar obras de mantenimiento periódico.

Para quien recorra la zona, resulta evidente que esta es la demanda central: las comunidades de altura en realidad están aisladas. En caso de emergencia de salud de los pobladores no hay forma de trasladarla a los centros de salud; en las épocas de lluvia, el aislamiento es total.

3. *Las demandas de salud, *que es muy sentida* *y que agrava por el aislamiento, se soluciona con la creación de un hospital en Cotabambas y con el equipamiento con médicos especialistas, con equipos y suministros. Pero esa demanda la tiene que plantear la Dirección Regional de Salud; son ellos los que tienen que elaborar el expediente técnico, los que deben aprobar las plazas para las postas, los recursos para el equipamiento. No pueden aducir falta de presupuesto, porque el problema de base es la direccionalidad de la inversión social en la región.

*4. **Las demandas en Educación. *Tanto la creación de nuevos IEI, nuevas plazas orgánicas para el nivel primario, y para el Instituto Tecnológico, dependían en gran medida de la Dirección Regional de Educación. Se informó que había 150 plazas disponibles. La DREM de Apurímac debía entonces dar preferencia esta provincia. Respecto de plazas para el Instituto Tecnológico de Haquira y Challhuahuacho, se recomendó que éstas debían ser financiadas con los fondos del Fideicomiso. Y así…**

Estas demandas por lo general las he visto y tratado en todas las negociaciones en las que me ha tocado estar: Yurimaguas, Ucayali, Cajamarca, Puno, Cusco. Y en todas, la ausencia de los funcionarios y autoridades regionales es clamorosa. En algunos casos, el director regional es el que exige la atención y solución de un problema que le compete a él, como autoridad, resolverla o tramitarla.

5. *Pro Inversión y el Fondo de las Bambas*. La lucha en este punto es justificada. En realidad aquí hay una responsabilidad compartida tanto de Pro Inversión como de las autoridades del Gobierno Regional y de los alcaldes provinciales y distritales que integran el Fondo del Fideicomiso.

Han pasado más de tres años y la manera cómo se ha manejado este fondo está lleno de dudas. Las quejas fueron constantes y por tanto la lucha estaba anunciada porque la acumulación de cólera y frustración se fue extendiendo a todas las comunidades, al punto que ya no hay otra solución que la salida de los actuales representantes de Pro Inversión.

Creo, sin embargo, que la salida de la Pro Inversión no soluciona el problema de fondo: el uso de más de 45 millones de dólares para dos provincias. He visto la lista de obras (cerca de 70) y veo que son eso, una lista de gastos sin que eso forme parte de un plan de desarrollo agropecuario o desarrollo integral de las provincias. Es evidente que hay sobrevaloración de los proyectos. Se han gastado más de 200 mil dólares en capacitación en Lima (Institutos de Computación); se han elaborado estudios técnicos a un costo elevadísimo, y así.

Es evidente también que los mecanismos de administración de dicho fondos han sido elaborados para impedir que los verdaderos dueños del recurso (los municipios) no lo puedan usar. Que los controles establecidos le dan a Pro Inversión el rol tutelar que ya no le corresponde. Que los alcaldes y hasta el propio vicepresidente de la Región se sientan como invitados no deseados en el manejo del Fondo de Fideicomiso de Las Bambas.

Lo peligroso de este caso, es que un odio dirigido hacia Pro Inversión termina arrastrando a la minera XStrata. Así que lo más recomendable es que éstos se distancien de aquellos.

*UNA MINERIA SIN ALIADOS NI AMIGOS*

La empresa XStrata transmitió una imagen de una excelente relación con las comunidades vecinas. Su estrategia de relaciones comunitarias era bien valorada: había entregado un fondo considerable al Fideicomiso; está contratando mano de obra de las comunidades, hace pequeñas obras comunitarias en riego, cultivos, manejo ambiental, etc.

Pero a la hora del conflicto como el que he visto se pudo apreciar que la empresa no tenía ningún amigo; ningún aliado salió en defensa de la empresa. Si bien se dijo que los habían amenazado, eso por sí solo no explica mucho.

Esto es una constante en todos los conflictos mineros y petroleros, en costa, sierra o selva. Los pobladores tienden muy rápido en olvidar los beneficios (cuando los hay) y pasan a desconocer todo: nunca nos han apoyado, dicen; nunca han atendido a nuestras demandas de obras o empleo, puntualizan; aunque cuando se pasa al detalle se ve que sí, que si se han contratado comuneros, que se han hecho pequeñas obras, pero todo se olvida y todo se desconoce en el momento de la lucha.

Creo que en general los errores más comunes que se está cometiendo son:

1. Que las relaciones comunitarias y los beneficios solo se circunscriben a las comunidades directamente afectadas y no a lascomunidades que están en el entorno. No toman en cuenta el factor étnico y cultural de las comunidades andinas y amazónicas. Así por ejemplo, las cinco comunidades en Cotabambas (las beneficiadas) son del mismo grupo étnico del resto de la provincia; si éstas no se sienten beneficiadas o incluidas, las cinco que si lo están se van a solidarizar con todas. Al final van a hacer un solo bloque, y el liderazgo de la confrontación lo van llevar los presidentes de las comunidades y no los liderazgos políticos (alcaldes o presidentes de federaciones campesinos).

2. Que los planes de desarrollo agropecuario no recogen las experiencias positivas que se aplicaron en la región. Así por ejemplo, la experiencia MARENAS fue exitosa, pero no se replica en el ámbito de la minería del sur andino. Peor aún, la empresa no llegan a construir alianzas estratégicas con instituciones de desarrollo que pueden servir para trabajar planes comunes. Creo que se han dejado llevar por el odio a las ONG que se ha alimentado desde el Estado y de los grupos empresariales más reaccionarios y anticomuneros. El resultado está a la vista, a la hora de los conflictos no hay ningún aliado que salga a apoyarlos

3. Considerar que la negociación es un solo acto y de manera rápida. Es muy frecuente escuchar que ya se firmaron acuerdos con tal o cual comunidad. Eso por sí no es garantía de nada. No solo porque son las mismas empresas las que la incumplen (el caso más clamoroso e indignante es la empresa Yanacocha), sino porque la dinámica de las asambleas campesinas y comuneras siempre ponen en discusión todo, y desde el comienzo. La asamblea comunal es autónoma. Esa es su regla de conducta y puede poner en cuestión un acuerdo. Lo que he visto como conducta de las empresas mineras es que se amparan en acuerdos firmados, y lo consideran intocable, irreversible; es por eso quereclaman mano dura contra campesinos que desconocen acuerdos. No se ponen así cuando son ellos los que incumplen actas o acuerdos firmados.

La negociación es una política permanente y los compromisos se trabajan al detalle. Esto es poco comprendido por las empresas.

Estas son mis reflexiones, por ahora.

No quiero terminar sin señalar mi opinión sobre los últimos decretos que penalizan a las autoridades regionales que participan en huelgas y marchas, y que eximen de culpa a los policías que en cumplimiento de su deber ocasionen la muerte o hieran a manifestantes.

Estas medidas son producto de una evaluación equivocada del curso de los conflictos sociales. Evaluación que ha sido promovida por los grupos empresariales más reaccionarios. Cual es el fundamento de esta nueva política: primero considerar que son las autoridades regionales los que promueven el conflicto, cuando en realidad, estas autoridades (salvo el caso de Fuentes) están tremendamente debilitadas y han abdicado de su función de gobierno ante los frentes de defensa o frentes cívicos. Esta medida, por tanto, no los fortalece sino que los debilita. Segundo, considerar que el conflicto es producto de agitadores sin reconocer la justeza de las demandas que están a la base. Tercero, creo que la norma que exime de culpa a los policías no tiene sustento. A la fecha no hay ningún policía encausado o enjuiciado por las muertes de manifestantes: el primer caso de Isidro Llanos(Combayo) y el último caso del campesino de Andahuaylas, no han sido objetos de investigación (en el último) o de sanción, en el primero.

En fin, eso lo dejo para más adelante.

Feliz 28 de Julio.