PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO
Curso : ESTADO Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA
Código : POL 222
Número de horas : 4
Número de créditos : 4
Semestre Académico : 2007-2
Profesor : Romeo Grompone
Asistente de docencia : Rodrigo Barrenechea
I) OBJETIVOS DEL CURSO
El curso trata de las relaciones entre estado, política y representación en América Latina contemporánea, identificando criterios comunes de interpretación para el conjunto de la región así como las particularidades de sus países. En la medida que el tema abordado lo permita se buscará llegar a un análisis integrado que abarque el mayor número de casos. Si por razones de tiempo no puede llegarse a esta situación, privilegiará en el problema a considerar, a los estados más influyentes, Brasil, México y Argentina y por su gravitación para entender el caso peruano a los países andinos, en especial Bolivia y Ecuador.
Un adecuado tratamiento de la asignatura exige una contextualización para que los contenidos puedan ser comprendidos en sus dimensiones relevantes, evitando su tratamiento superficial. Por lo que necesariamente, si bien de modo muy resumido, se analizarán los antecedentes que explican la formación de los estados y el surgimiento de las instituciones. Expone brevemente entonces en las primeras clases una historia política, que dado que la propuesta es el análisis de la situación actual de América Latina, considera algunos hitos fundamentales, pero prescinde de ordenar los acontecimientos de modo lineal. Se detiene también en etapas más recientes, el populismo, las revoluciones, los autoritarismos y las transiciones políticas.
A partir de allí considera los problemas de consolidación y vigencia de la democracia en la región. Se detiene en particular en lo que tiene que ver con las diferentes situaciones existentes en relación a sus partidos y sistemas de partidos, su grado de vigencia, penetración social e incidencia en el sistema político y los cambios acelerados que se han suscitado en los años recientes. Finalmente, el estudiante se entiende que ya dispondrá de los elementos suficientes para describir de modo pertinente la presente coyuntura crítica de América Latina.
La bibliografía presentada no distingue en esta etapa entre obligatoria y ampliatoria. El docente las va a ir discriminando atendiendo al nivel de comprensión que vaya encontrando en los alumnos. Tratará de combinar, en tanto se pueda, rigurosidad con un tratamiento relativamente simple de los problemas considerados. En caso que en algunos temas haya discusiones académicas se acogerán los diversos planteamientos de modo pluralista para que el estudiante forme, con suficientes elementos de juicio, su propia opinión. En la eventualidad que exista preocupación en los alumnos por el análisis de la situación de otros países de América Latina o de introducir otros textos, el profesor podrá incluirlos una vez evaluada su pertinencia.
II) TEMAS
1. La formación de los estados nacionales y la constitución de un nuevo orden político
La soberanía mixta. El monarca y las nociones de estado integrado; las autonomías territoriales y corporativas. La independencia y la innovación política. La coexistencia y la pugna entre tradición y modernidad, influencia de la neoescolástica y el contractualismo. Cabildos y juntas. La evolución del concepto de pueblo de noción abstracta de fundamento del poder a red de comunidades locales y la defensa de sus fueros. La subsistencia de un orden estamental y sus grietas. Los avances y las dificultades del liberalismo político. La vigencia del rentismo y del patrimonialismo. Los precarios mecanismos de intermediación: clientelas, caciques y poder gamonal. Los indígenas y la constitución de la nación: dominación, pactos provisionales, insurrecciones, inclusión. Tres trayectorias de formación de estado: Chile, México y Perú. La vigencia de algunos legados poscoloniales en las sociedades políticas contemporáneas.
4 sesiones (20, 21, 27 y 28 de Agosto)
2. Estado, política, partidos y sociedad en América Latina: Introducción al Tema. Unidades y diferencias. Las trayectorias políticas de México, los países andinos, América Central y el Cono Sur.
La lenta afirmación del régimen democrático y de las condiciones de estabilidad política. Partidos de élites, partidos de integración social y recorridos disímiles en la región en la formación de los sistemas de partidos. El caso de los países andinos, México, América Central y el Cono Sur, y sus modalidades de evolución institucional hasta mediados del siglo XX. ¿Existe o no un campo unificado de experiencias políticas compartidas?
2 sesiones (3 Y 4 de Setiembre)
3. El Populismo: Características y expresiones nacionales
El populismo como mecanismo de dominación, control e incorporación social. El presidente como árbitro y regulador de conflictos. La invocación al enemigo externo. La apelación al pueblo en sociedades en procesos de movilización. El estilo de participación social. ¿Liderazgo plebiscitario o pacto? El populismo y la discusión sobre lo nacional popular. Las ambiguas relaciones entre populismo y democracia. El populismo como elemento constitutivo del lazo político en la teoría y en el caso especial de América Latina. El debate sobre la pertinencia conceptual y vigencia del llamado “neopopulismo”. El populismo en Brasil, Argentina y Ecuador.
4 sesiones (10, 11, 17 y 18 de setiembre)
4. Las Revoluciones en América Latina: México, Bolivia y Cuba
La revolución agraria mexicana de 1914 y su evolución: del carácter popular a la renovación de las élites. Su prolongada influencia en el diseño institucional del sistema político. Bolivia en 1952: la alianza inestable entre el MNR, los sectores obreros emergentes y los campesinos. La disolución y recomposición del ejército. Los alcances de la reforma agraria. La disputa por el poder. El gobierno de Siles Suazo de 1956 y la clausura del proceso. Los legados en las prácticas y la cultura política boliviana. Los antecedentes de la revolución cubana y las razones de su llegada al poder. Sus etapas: la radicalización, la ruptura con EE.UU., sus intentos de internacionalización, las nuevas alianzas, la consolidación de una estructura burocrática y de control, el llamado “período especial” y las dificultades y restricciones para una apertura del sistema.
3 sesiones (24 y 25 de setiembre y 1 de octubre)
5. Los regímenes autoritarios: Argentina, Chile, Uruguay y Brasil
Las dictaduras institucionales de las fuerzas armadas, la redefinición de su papel en la sociedad y la doctrina de la seguridad nacional. Los antecedentes. La activación y la derrota del sector popular. Las precarias relaciones con la modernización económica. El llamado régimen burocrático autoritario, los avances y limitaciones de su asociación con una nueva tecnocracia. El dilema planteado: apertura hacia partidos y reserva de prerrogativas militares o la exclusión de mediaciones Las diferentes respuestas planteadas. Los llamados “autoritarismos competitivos”.
2 sesiones (2 y 16 de Octubre)
6. Las transiciones y los problemas de la consolidación democrática en América Latina
Los problemas del retorno a la democracia en distintos contextos: el Cono Sur, Bolivia, Perú y Ecuador. Las etapas de liberalización y democratización. Los problemas de formación de una nueva arena política democrática en la estructura del estado, en la afirmación de las instituciones del Estado de Derecho, en el sistema político, en la sociedad civil y en la economía. Las transiciones pactadas: Uruguay, Perú y Ecuador. El proceso dirigido por el gobierno militar saliente en Brasil. El colapso del régimen político y la obligada apertura democrática en Argentina. Las dificultades de la transición en Chile: la persistencia en democracia de los llamados “enclaves autoritarios” y su progresiva remoción.
3 sesiones (22, 23 y 29 de Octubre)
7. Las relaciones entre Estado, política y Sistema de Partidos en América Latina:
• Estado y Sistema de Partidos en América Latina (2 sesiones: 30 Oct. Y 5 Nov.)
• La experiencia mexicana (1 sesión: 6 de Noviembre)
• El caso brasileño (1 sesión: 12 de Noviembre)
• El cono sur (1 sesión:13 de Noviembre)
• Los países andinos (3 sesiones: 19, 20 y 26 de Noviembre)
Las nuevas matrices de relación entre estado, política y representación desde la década del 80 a la actualidad. El llamado modelo “estado-céntrico”, el neoliberal y la heterogeneidad de la situación presente, y sus consecuencias políticas. Los partidos y los sistemas de partidos: Las diversas situaciones en la región y los recientes cambios. La personalización de la política y el surgimiento de personalidades por fuera del sistema institucional. La desafección política y los problemas de representación: la situación general y las especificidades de la región ¿sistemas de partidos o configuraciones partidarias? Los precarios intentos de afirmación de la gobernabilidad política en México. La tensión entre partidos y liderazgos regionales en Brasil. La crisis del bipartidismo histórico en Argentina. Uruguay y un sistema de partidos consolidado. La inestabilidad institucional en Ecuador. El surgimiento, apogeo y la crisis de la “democracia pactada” en Bolivia”, los movimientos sociales y el nuevo escenario.
III) BIBLIOGRAFÍA
TEMA 1
GUERRA, François -Xavier
2000 Modernidad e independencia: ensayos sobre las revoluciones hispánicas. México D.F.: FCE (Capítulos IX y X)
2003 “El ocaso de la monarquía hispánica: revolución y desintegración”. En: Antonio Annino y François-Xavier Guerra; (coords). Inventando la nación: Iberoamérica siglo XIX. México, D.F.: FCE
ANNINO, Antonio
2003 “Soberanías en Lucha”. En: Antonio Annino y François-Xavier Guerra; (coords). Inventando la nación: Iberoamérica siglo XIX. México, D.F.: FCE
Demélas, Marie-Danielle
2003 La invención política: Bolivia, Ecuador, Perú en el siglo XIX. Lima: IFEA/IEP (Capítulo Final)
LARSON, Brooke
2002 Indígenas, Elites y Estado en la Formación de las Repúblicas Andinas. Lima: Fondo Editorial PUCP-IEP. (Capítulo 5 y Conclusiones)
IRUROZQUI, Marta
2000 A bala, piedra y palo: la construcción de la ciudadanía política en Bolivia, 1826-1952. Sevilla: Diputación de Sevilla
THURNER, Mark
2006 Republicanos Andinos. Lima: IEP: CBC (Capítulo 5)
MC EVOY, Carmen
1999 “Forjando la nación: Usos y abusos del paradigma republicano” En: Carmen Mc Evoy, Forjando la nación: ensayos sobre historia republicana. Lima: PUCP. Instituto Riva-Agüero; Sewanee: The University of the South
BRADING, D. A.
1998 “Nationalism and State-Building in Latin American History” En: Posada-Carbó, Eduardo (Ed.) Wars, Parties and Nationalism: Essays on the politics and society of nineteenth-century Latin America. London, Institute of Latin American Studies
MALLON, Florencia
1992 “Indian Communities, Political Cultures, and the State in Latin America, 1780-1990”. Journal of Latin American Studies, Vol. 24, Quincentenary Supplement: The Colonial and Post Colonial Experience. Five Centuries of Spanish and Portuguese America
2002 "Decoding the parchments of the latinamerican nation-state: Peru, Mexico and Chile in comparative perspective". En Dunkerley, James (Ed.): Studies in the formation of the nation-state in Latin America. London: University of London, Institute of latinamerican studies
TEMA 2
HALPERIN, Tulio
1998 Historia contemporánea de América Latina. Madrid: Alianza Editorial
DI TELLA, Torcuato
1994 Historia de los Partidos Políticos en América Latina, siglo XX. México D.F.: FCE
TORRE, Juan Carlos
1994 América Latina, el gobierno de la democracia en tiempos difíciles. Buenos Aires, Instituto Torcuato Di Tella.
TEMA 3
WEFFORT, Francisco
1968 “Clases populares y desarrollo social (contribución al estudio del ‘populismo’)”. En: Revista peruana de sociología -- Año 5, no. 13 (Dic. 1968)
GERMANI, Gino, Torcuato DI TELLA y Octavio IANI
1973 Populismo y contradicciones de clase en Latinoamérica. México, D.F.: Era
ZAVALETA, René
1986 Lo Nacional Popular en Bolivia. México D.F: Siglo XX. (Capítulo 3)
VALENZUELA, Eduardo
1991 “La Experiencia Nacional-Popular”. En Revista Proposiciones N°20. Santiago de Chile: Sur Ediciones.
DE LA TORRE, Carlos
1992 “The Ambiguous Meaning of Latin American Populisms” En: Social Research, Vol.59, N°2 (Summer 1992)
VILAS, Carlos (Comp.)
1994 La democratización fundamental: el populismo en América Latina. México, D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. (Capítulo introductorio)
DE IPOLA, Emilio y Juan Carlos PORTANTIERO
1994 “Lo nacional-popular y los populismos realmente existentes”. En: Carlos Vilas (Comp.) La democratización fundamental. El populismo en América latina. México, D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
WEYLAND, Kurt
1997 “Neopopulismo y Neoliberalismo en América Latina: Afinidades inesperadas”. En Pretextos N°10. Lima: DESCO
WEYLAND, Kurt
2004 “Clarificando un concepto: ‘el populismo en el estudio de la política latinoamericana’” En Kart Weiland y Otros, Releer los populismos. Quito, CAAP.
LACLAU Ernesto
2005 La razón populista. México, D.F.: FCE
TEMA 4
MALLOY, James
1970 Bolivia: the uncompleted revolution. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press
BRANDING, David.
1985 Caudillos y Campesinos en la Revolución Mexicana. México D.F.: FCE
WOMACK, John
2003 Zapata y la Revolución Mexicana, México D.F.: Siglo XXI
KLEIN, Herbert
1993 Orígenes de la Revolución Boliviana: la crisis de la generación del Chaco. México, D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes: Grijalbo
LAVAUD, Jean Pierre
1998 El Embrollo Boliviano: Turbulencias Sociales y Desplazamientos Políticos 1952-1982. Bolivia: IFEA/UMSS/HISBOL (Capítulo 1)
PÉREZ-STABLE, Marifelí
1998 La Revolución Cubana. Orígenes, desarrollo y legado. Madrid: Colibrí
TEMA 2
CARDOSO, Fernando Henrique.
1985 “Caracterización de los regímenes autoritarios”. En: David Collier (Comp.) El Nuevo autoritarismo en América Latina. México: FCE, 1985.
O’DONNELL, Guillermo
1985 “Las tensiones en el estado burocrático autoritario y la cuestión de la democracia” En: David Collier (Comp.) El Nuevo autoritarismo en América Latina. México: FCE
1997 “Las fuerzas armadas y el Estado autoritario del Cono Sur de América Latina”. En: O’Donnell, Guillermo. Contrapuntos: ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización. Buenos Aires PAIDOS
VALENZUELA, Arturo.
1989 El Quiebre de la Democracia en Chile. Santiago: FLACSO
TIRONI, Eugenio
1999 El régimen autoritario para una sociología de Pinochet. Santiago de Chile: Dolmen
SANTOS, Wanderley Guilherme dos
1987 Crise e castigo: partidos e generais na política brasileira. Sao Paulo: Vértice
TEMA 6
O’DONNELL, Guillermo y SCHMITTER, Philippe
1988 “Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inestables” (Tomo IV). En: Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter y Laurence Whitehead. Transiciones de un gobierno autoritario. Buenos Aires: Paidos
HUNTINGTON, Samuel
1994 La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX. Buenos Aires: Paidos. (Capítulo 3)
LINZ, Juan y STEPAN, Alfred
1996 “From an Imposible to a Posible Democratic Game: Argentina”. En: Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communism Europe. London: The John Hopkins University Press
1996 “Crisis of Efficacy, Legitimacy, and Democratic State ‘Presence’: Brazil”. En: Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communism Europe. London: The John Hopkins University Press
1996 “Incomplete Transition/Near Consolidation? Chile” En: Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communism Europe. London: The John Hopkins University Press
1996 “A Risk-Prone Consolidated Democracy: Uruguay” En: Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communism Europe. London: The John Hopkins University Press
O’DONNELL, Guillermo
1996 “Ilusiones sobre la consolidación”. En Revista Nueva Sociedad N° 144. Buenos Aires: Nueva Sociedad
MAINWARING, Scott
1999 “La durabilidad de la democracia en América Latina, 1940-1998”. En: Política y gobierno. Vol VI. Segundo semestre 1999.
MAINWARING, Scott y PÉREZ-LIÑAN, Anibal
2005 “Latin American Democratization since 1978. Democratic Transitions, Breakdowns and Erosions”. En: Frances Hagopian y Scott Mainwaring (Ed.) The third wave of democratization in Latin America: Advances and setbacks. Cambridge: Cambridge University Press
TEMA 7
CAVAROZZI, Marcelo y Esperanza CASULLO
2002 “Los partidos políticos en América Latina Hoy: ¿Consolidación o Crisis?” En: Cavarozzi, Marcelo; Abal Medina, Juan (Comp.) El Asedio a la Política: Los Partidos Latinoamericanos en la Era Neoliberal. Rosario: Homo Sapiens
GARRETÓN, Manuel Antonio (Compilador)
2004 América Latina en el Siglo XXI: Hacia una nueva matriz sociopolítica. Santiago de Chile: LOM
VALENZUELA, Arturo
2004 Valenzuela, Arturo. “Latin American Presidencies Interrupted”. En: Journal of Democracy. Vol. 15. Nº4. October 2004
CASAR, María Amparo
1996 “Las bases político-institucionales del poder presidencial en México en Política y Gobierno Vol.III No. 1 primer semestre de 1996
LUJAMBIO, Alonso
2001 “Adiós a la excepcionalidad. Régimen presidencial y gobierno dividido en México.” En: Jorge Lanzaro (Comp.) Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina. Buenos Aires: CLACSO
DRESSER, Dense
2005 “México. Del predominio del PRI a una democracia dividida” En: Jorge Domínguez y Michael Shifter (Ed.) Construcción de gobernabilidad democrática en América Latina. Bogotá: FCE
MAINWARING, Scout
2002 “Pluralismo, federalismo fuerte y presidencialismo en Brasil”. En: Scout Mainwaring y Matthew Shugart (Comp.) Presidencialismo y Democracia en América Latina. Avellaneda: Paidos
MOULIAN, Tomas.
1997 Chile actual. Anatomía de un mito, Santiago: Arcis University
DRAKE Paul and Ivan JAKSIC., (comp.)
2000 El Modelo Chileno. Democracia y desarrollo en los noventa. Santiago: Colección Sin Norte.
AGÚERO, Felipe
2005 “Chile: Una transición inconclusa y una mayor competencia política” En: Jorge Domínguez y Michael Shifter (Ed.) Construcción de gobernabilidad democrática en América Latina. Bogotá: FCE
HALPERIN, Tulio
1994 La Larga Agonía de la Argentina Peronista. Buenos Aires: Aries
LEVITSKY, Steven
2003 “Los partidos obreros en transformación en América Latina: el partido justicialista argentino en perspectiva comparada” En: Alcántara Saez, Manuel y Barahona, Elena (Ed.) Política, dinero e institucionalización partidista en América Latina.
MALLOY, James
1970 Bolivia: the uncompleted revolution. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press
LAVAUD, Jean Pierre
1998 El Embrollo Boliviano: Turbulencias Sociales y Desplazamientos Políticos 1952-1982. Bolivia: IFEA/UMSS/HISBOL (Capítulo 2)
ZAVALETA, René
1998 50 Años de Historia.Cochabamba-La Paz: Los Amigos del Libro
MAYORGA, René
2003 “Bolivia: Reformas entre la democracia representativa y la democracia plebiscitaria”. Ponencia presentada al seminario Reformas constitucionales y electorales en los países andinos FLACSO Ecuador. Kellog Institute Quito. Julio 2003
PATZI, Felix
2007 Insurgencia y Sumisión. Movimientos Sociales e Indígenas. Bolivia: Sigla Editores. (Capítulos 1 y 4)
STEFANONI, Pablo
2007 “Siete Preguntas y Siete Respuestas sobre la Bolivia de Evo Morales”. En Nueva Sociedad N° 209. Buenos Aires: Nueva Sociedad
MAYORGA, Fernando
2007 “Nacionalismo e Indigenismo en el MAS: los desafíos de la articulación hegemónica”. En Decursos. Año VIII, N°15 y 16, Diciembre de 2006.
MEJÍA, Andres
2002 Gobernabilidad Democrática. Sistema Electoral, Partidos Políticos y Pugna de Poderes en Ecuador: 1978-1998. QUITO: FKA (Capítulo 2)
IBARRA, Hernán
2006 “La victoria de Rafael Correa y la ola progresista en América del Sur”. En: Ecuador Debate N°69. Quito: CAAP
PACHANO, Simón
2007 “El Tejido de Penélope. Reforma Política en Ecuador” En: Simón Pachano, La Trama de Penélope. Quito: IDEA/FLACSO/NIMD
IV) EVALUACIÓN
Los estudiantes serán evaluados atendiendo a los siguientes criterios
1) Una exposición previamente concertada con el profesor así como intervenciones en clase que demuestren conocimiento de la bibliografía incluida en el curso. (30%)
2) Examen parcial (25%)
3) Examen final (35%)
4) Asistencia (10%)
jueves, 6 de septiembre de 2007
jueves, 30 de agosto de 2007
Salomón Lerner y los ex comisionados no están solos
.
A la opinión pública
Salomón Lerner y los ex comisionados no están solos
Los abajo firmantes queremos expresar nuestra solidaridad con el Dr. Salomón Lerner Febres, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como con los otros ex comisionados, quienes en las últimas semanas han sido víctimas de injurias y amenazas cobardes y anónimas. No podemos dejar de expresar nuestra preocupación por estos hechos, que no por casualidad coinciden con el inicio de procesos penales sobre casos investigados por la CVR. Tampoco es casualidad que se recurra a la amenaza anónima, al insulto racista, a la violencia; esto expresa, lamentablemente, cuán difícil es dejar atrás los comportamientos que, finalmente, explican las miles de muertes ocurridas durante los años del conflicto.
Más allá de las coincidencias o discrepancias que podamos tener sobre el contenido del informe final de la CVR, reconocemos que éste constituye un esfuerzo serio y honesto, y un aporte fundamental para la comprensión de los hechos de violencia ocurridos en nuestra patria en el periodo 1980-2000, y para los intentos de hacer justicia y reparar a las víctimas y sus familiares.
Exigimos al Estado velar por la seguridad personal del Dr. Salomón Lerner Febres y los otros ex comisionados, así como de los testigos y denunciantes de graves crímenes investigados por la CVR, que hoy aportan su testimonio en diversas investigaciones en el poder judicial.
Llamamos a todas las peruanas y peruanos a movilizarse para detener esta campaña de injurias y amenazas, preservar los espacios de diálogo y debate civilizado, y crear las condiciones para que las recomendaciones de la CVR se mantengan presentes en la agenda pública.
Salomón Lerner y los ex comisionados no están solos.
Lima, Octubre de 2005
Jorge Avendaño, Beatriz Boza, Manuel Burga, Carlos Castro, Julio Cotler, Carlos Franco, Gustavo Gutiérrez, Luis Guzmán-Barrón, Max Hernández, Claudio Herzka, Felipe Ortiz de Zevallos, Jorge Santistevan de Noriega, Fernando de Szyszlo, Mario Vargas Llosa, Richard Webb...
Juan Acevedo
Elisabeth Acha
Rosa Alfaro Moreno
Alejandra Alayza Moncloa
Lucrecia Aliaga
Javier Agreda
Pilar Aguilar Malpartida
Carlos Aguirre, Universidad de Oregon
Beatriz Alcalde de Gastelumendi
José Carlos Alvarado Binda
Carmen Arce
Elvira Artola Ramos
Jorge Hernán Artola Grados
Percy Calderon
Patricia Ames
Mariel Ansión
María Elvira Arias-Schreiber Recavarren
Carlos Eduardo Aramburu
Federico Arnillas L.
Guillermo Arbe Carbonel
Blanche Arévalo
Jorge Avendaño V.
Diana Avila
Javier Azpur
Luis Bacigalupo
Laura Balbuena
José Balarezo
Zulema Balta
Carlos Basombrío
Ignacio Basombrío
Cecilia Blondet
Jorge Bruce
Roxana Barrantes
Leslie Bary
Alicia Bazan
Mariella Bazán Maccera
Ivan Bazalar Parra
Fabiola Bazo
Lourdes Blanco Mercado
Maria Luisa Benavides
Manuel Bello
Jeannette Bengoa Lazarte
Richard Bernstein
Violeta Bermúdez
Gustavo von Bischoffshausen
Andrés Blondet,
Manuel Boluarte
Juan Raúl Borea
Ruth Borja Santa Cruz
Beatriz Boza
Manuel Burga Díaz
Jo-Marie Burt
Roberto Bustamante
Minda Bustamante
Víctor Caballero
Marisa Cabieses
Violeta Cáceres
Linda Calmet
Maxwell A. Cameron
Max Cameron
Lissy Canal
Cristina Campos
Pilar Cantella
Carlos Castro
Enrique Cortez
José Luis Carbajo
Elizabeth Carrasco Zúñiga
Luis de las Casas
Cristina Castillo
Rosa Castro
Ricardo Caro
Julio Carrión
Julio César Castillo
Constantino Carvallo
Jonathan Cavanagh
Hernán Chaparro
Julio Chávez Achong
Jorge Chávez
Esperanza Chávez-Cabello
Nora Chávez-Cabello de Pujazón
Nancy Chapell
Raul Carlos Francisco Chiappe Tafur
María Ángela Cánepa
Liliana Canta Misari
Patricia Capellino de Piaggio
Leopoldo Caravedo Molinari
Fanny Cebrejos Dorregaray
Nélida Céspedes
Renzo Chiri Márquez
Sigfredo Chiroque Chunga
Gonzalo Cobo
Pilar Coll
José M. Coloma
Pilar Coll Torrente
Carlos Contreras
Juan Carlos Cortazar
Angelina Cotler
Patricia Cottle
Inés Cottle Pazos
Alice Mary Cottle Pazos
Juan Carlos Cortés
Gino Costa
Elizabeth Crosby Bustamante
Emer Cuba
Severo Cuba
Antonio Cruz Cubas
Gloria Cubas
Santiago Cueto
Jennie Dador
Eduardo Dargent
María del Pilar Pineda Flores
Marisol de la Cadena
Ernesto de la Jara
Fernando de Szyszlo
Levy del Águila Marchena
Henry Dietz
Hugo Dias
Giancarla Di Laura
Paulo Drinot
Yolanda Drinot De Echave
Joanna Drzewieniecki
Pilar Dughi
Alberto Durant
Etienne Durt
Cathy Eibenschutz,
Alejandro San Martín
Percy Erazo Aybar
Francisco Eguiguren
Antonio Espinoza
Eleonora Falco
Gustavo Faverón
María Isabel Fernández
Carlos Fernández Sessarego
Flavio Figallo
Susan Fitzpatrick Behrens
Juan Fonseca
David Florez Boza
David Flórez
Lydia Fossa
David Florez Boza
Rocío Franco
Carlos Franco
Pedro Francke
Gabriela Freyre
Ricardo Furman
Jacqueline Fowks
Agustín Gamaboa Quispe
Gladys Gamarra Bozano
Pedro Gamio
Iván García
Luis Raúl García Céspedes
Roxana García-Bedoya
Valeria Garcia Cannock
Diego García Sayán
Eduardo Gastelumendi Dargent
Pilar Gavilano Llosa
Adolfo Gazzo
Miguel Giusti
Juan C. Godenzzi
Estela Gonzalez A.
Laura Esther Gonzalez Florez
Efraín González de Olarte
Alberto Guerra Garcia
Hugo Guerra
Lisbeth Guillén
Alfonso Gushiken
Gustavo Gutiérrez
Luis Guzmán-Barrón Sobrevilla
José Grández
Soledad Hamann
Max Hernández
Ibis Henríquez de Astete
Narda Henríquez
Sonia Henríquez Gil
Alfredo Herrera
Jesús Herrero
Claudio Herzka
Liliam Hidalgo
Edgar Huaccho Bustamante
Rene Huanca Ramos
Lizardo Huamán
Paul Huamán
Shane Hunt
Miguel Huerta
Manuel Iguiñiz
Natalia Iguiñiz
Carlos Indacochea
Juan Infante
Marina Irigoyen
Iris Jave
Nils Jacobsen
María Teresa Jiménez
Charles D. Kenney
Marcia Koth de Paredes
Nathalie Koc-Menard
Atusparia Krupskaia Cueva
Cecilia Larrabure Simpson
Hans Landolt
Mirko Lauer
Anna María Lauro
Armando Lazarte
Patricia Legoas
Roberto Lerner
Rafael León
Kela León
Fabiola León Velarde
Fanny León
David Lobatón
José Lombardi Indacochea
María Rosa Lorbés
Iván Lucich
Patricia McLauchlan
Ivonne Macassi
Roberto Machado
José Carlos Machicao
Isabel Manrique Castro
Carmen Masías
Maripaz Martinez del Solar
Elzbieta Matynja
Geraldine Maurer
Enrique Mayer
Cynthia McClintock
Percy Medina
Esperanza Medina de Miranda
Angela Meentzen
Cecilia Méndez G.
Aida Luz Mendoza Navarro
César Inca Mendoza Loyola
Rene Meza Velásquez
Winfried Mitterer
Carlos Monge
Mayu Mohanna
Martín Monsalve
Rodrigo Montoya
Tomás Montoya
Paula Muñoz
Edmundo Murrugarra
Juan Eduardo Musso
Hugo Neira
Carlos Núñez
Marcos Obando Aguirre
Suzanne Oboler
Kazuo Ohgushi
Almerindo Ojeda
Patricia Oliart
Carmen Ollé Nava
Cecilia O’Neill de la Fuente
Augusto Ortiz de Zevallos
Gabriel Ortiz de Zevallos
Felipe Ortiz de Zevallos
Juan Ossio
Luis Pacheco Romero
Fernando O'Phelan
Rosa María Palacios
Hugo Palma
Orlando Plaza J.
Bertha Pancorvo
Carlos Parodi
Moisés Palomino
Aldo Panfichi
Jorge Parodi
Pepi Patrón
Santiago Pedraglio
María Angélica Pease
Alberto Péndola
César Pezo del Pino
María Teresa de la Piedra
Elena Piazzon
Luisa Pinto
Manuel Piqueras
Alfredo Pita
Alonso Polar
Carmen Ponce
Juan Manuel Ponce Huamaní
Fernando A. Ponce
Gonzalo Portocarrero
Gabriel Prado
Laura Puertas
Álvaro Puga Capelli
Víctor Manuel Pujazón Ezeta
Rolando Quesada
Andrea Querol
María Teresa Quiñones
Paola Quiroz
Pablo Quintanilla
Teresa Ralli
Melina Ramírez
Liliana Regalado
Ilse Rehder
Juan Rejas González
José Luis Rénique
María Isabel Remy
Carlos Reyna
Patricia Reyna Sánchez
Alex Reyes Castillejo
Iván Rivera
Carlos Rivera Rua
Henry Ernesto Robles Rentería
Elena Rodas
Alejandro Rojas
Ricardo A. Romero
Gustavo Rodríguez
Hugo Rodríguez
Yolanda Rodríguez
Miguel Rodríguez Mondoñedo
Rafael Roncagliolo
Alejo Rojas
Fernando Romero
Luisa Rosales de Herreros
Fernando Rospigliosi
Stéphanie Rousseau
Marcial Rubio Correa
Miguel Rubio
Jim Rudolph
Alonso Ruiz Rosas
Matilde Ruderman, Buenos Aires
Patricia Salas O´Brien
Daniel Salas Díaz
Óscar Salas Acosta
Frank Salomón
Abelardo Sánchez León
Luis Alberto Sandoval
Miguel Santillana
Aldo Santos Arias
Antonio Salazar
Catalina Salazar Herrera
Hugo Salazar M.
Enrique Salazar Sánchez
Francisco Santa Cruz
Alejandro Santa María
Jorge Santistevan de Noriega
Violeta Sara-Lafose
Lia Seminario
Dimitri N.Senmache Artola
Carlos Senmache San Bartolomé
David Scott Palmer
Gregory D. Schmidt
José Siancas Gamboa
Mike Shifter
Juan Carlos Shiappa – Pietra
Abraham Siles Vallejos
Rocío Silva Santisteban
Ricardo Soberón
Sandra Soria Mendoza
Manuel Sotomayor
Silvia Spitta
W. W. Stein
Martín Scurrah
Patricia Tagle
Patricia Tagle Barton
Ana María Tamayo
Martín Tanaka
Livia Tapia Ríos
Fernando Távara
Teivo Teivainen
Raúl Tola
Rolando Toledo
María Pía Tomatis Rodríguez
Javier Torres
Carlos Tovar Samanez
Cecilia Tovar Samanez
Carolina Trivelli
Fidel Tubino
Fernando Tuesta Soldevilla
León Trahtemberg
Ricardo Uceda
Mayen Ugarte
Dario Ugarte
José Ugaz
Paola Ugaz
María Eugenia Ulfe
Matilde Ureta Caplansky
Francois Vallaeys
Rocío Valdeavellano
Ricardo Valdéz
Ricardo Valverde
Bruno Van der Maat
Mario Vargas Llosa
Stefano Vanese
Walter Varillas
Juan Fernando Vega
Imelda Vega-Centeno B.
Máximo Vega Centeno
Ángela Velásquez
Odette Velez
Sandro Venturo
Dante Vera
Rosa I Vera Solano
Vanessa Vértiz
Ismael Rubén Vargas
Ricardo Vásquez Suyo
Rafael Velarde Ramírez
Víctor Vich
George Vickers
Carmela Vildoso
Victoria Villanueva
Bethzabeth Villanueva Tarrillo
Alfredo Villavicencio
Fernando Villarán
Susana Villarán
Rosa Villarán
José Miguel Vivanco
Félix Vivanco
Charles Walker
Richard Webb
Carlos Wenceslao Senmache Artola
Carolyn Wolfenzon
Vicente Yufra Condori
Deborah Yashar
Gina Yáñez
Coletta A. Youngers
Octavio Zagazeta
Alonso Zarzar
Verónica Zavala
Felipe Zegarra Russo
Emma Zevallos Aguilar
Lorenzo Zolezzi
Elsa Zuloaga
Adriana Zumaran Jibaja
A la opinión pública
Salomón Lerner y los ex comisionados no están solos
Los abajo firmantes queremos expresar nuestra solidaridad con el Dr. Salomón Lerner Febres, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como con los otros ex comisionados, quienes en las últimas semanas han sido víctimas de injurias y amenazas cobardes y anónimas. No podemos dejar de expresar nuestra preocupación por estos hechos, que no por casualidad coinciden con el inicio de procesos penales sobre casos investigados por la CVR. Tampoco es casualidad que se recurra a la amenaza anónima, al insulto racista, a la violencia; esto expresa, lamentablemente, cuán difícil es dejar atrás los comportamientos que, finalmente, explican las miles de muertes ocurridas durante los años del conflicto.
Más allá de las coincidencias o discrepancias que podamos tener sobre el contenido del informe final de la CVR, reconocemos que éste constituye un esfuerzo serio y honesto, y un aporte fundamental para la comprensión de los hechos de violencia ocurridos en nuestra patria en el periodo 1980-2000, y para los intentos de hacer justicia y reparar a las víctimas y sus familiares.
Exigimos al Estado velar por la seguridad personal del Dr. Salomón Lerner Febres y los otros ex comisionados, así como de los testigos y denunciantes de graves crímenes investigados por la CVR, que hoy aportan su testimonio en diversas investigaciones en el poder judicial.
Llamamos a todas las peruanas y peruanos a movilizarse para detener esta campaña de injurias y amenazas, preservar los espacios de diálogo y debate civilizado, y crear las condiciones para que las recomendaciones de la CVR se mantengan presentes en la agenda pública.
Salomón Lerner y los ex comisionados no están solos.
Lima, Octubre de 2005
Jorge Avendaño, Beatriz Boza, Manuel Burga, Carlos Castro, Julio Cotler, Carlos Franco, Gustavo Gutiérrez, Luis Guzmán-Barrón, Max Hernández, Claudio Herzka, Felipe Ortiz de Zevallos, Jorge Santistevan de Noriega, Fernando de Szyszlo, Mario Vargas Llosa, Richard Webb...
Juan Acevedo
Elisabeth Acha
Rosa Alfaro Moreno
Alejandra Alayza Moncloa
Lucrecia Aliaga
Javier Agreda
Pilar Aguilar Malpartida
Carlos Aguirre, Universidad de Oregon
Beatriz Alcalde de Gastelumendi
José Carlos Alvarado Binda
Carmen Arce
Elvira Artola Ramos
Jorge Hernán Artola Grados
Percy Calderon
Patricia Ames
Mariel Ansión
María Elvira Arias-Schreiber Recavarren
Carlos Eduardo Aramburu
Federico Arnillas L.
Guillermo Arbe Carbonel
Blanche Arévalo
Jorge Avendaño V.
Diana Avila
Javier Azpur
Luis Bacigalupo
Laura Balbuena
José Balarezo
Zulema Balta
Carlos Basombrío
Ignacio Basombrío
Cecilia Blondet
Jorge Bruce
Roxana Barrantes
Leslie Bary
Alicia Bazan
Mariella Bazán Maccera
Ivan Bazalar Parra
Fabiola Bazo
Lourdes Blanco Mercado
Maria Luisa Benavides
Manuel Bello
Jeannette Bengoa Lazarte
Richard Bernstein
Violeta Bermúdez
Gustavo von Bischoffshausen
Andrés Blondet,
Manuel Boluarte
Juan Raúl Borea
Ruth Borja Santa Cruz
Beatriz Boza
Manuel Burga Díaz
Jo-Marie Burt
Roberto Bustamante
Minda Bustamante
Víctor Caballero
Marisa Cabieses
Violeta Cáceres
Linda Calmet
Maxwell A. Cameron
Max Cameron
Lissy Canal
Cristina Campos
Pilar Cantella
Carlos Castro
Enrique Cortez
José Luis Carbajo
Elizabeth Carrasco Zúñiga
Luis de las Casas
Cristina Castillo
Rosa Castro
Ricardo Caro
Julio Carrión
Julio César Castillo
Constantino Carvallo
Jonathan Cavanagh
Hernán Chaparro
Julio Chávez Achong
Jorge Chávez
Esperanza Chávez-Cabello
Nora Chávez-Cabello de Pujazón
Nancy Chapell
Raul Carlos Francisco Chiappe Tafur
María Ángela Cánepa
Liliana Canta Misari
Patricia Capellino de Piaggio
Leopoldo Caravedo Molinari
Fanny Cebrejos Dorregaray
Nélida Céspedes
Renzo Chiri Márquez
Sigfredo Chiroque Chunga
Gonzalo Cobo
Pilar Coll
José M. Coloma
Pilar Coll Torrente
Carlos Contreras
Juan Carlos Cortazar
Angelina Cotler
Patricia Cottle
Inés Cottle Pazos
Alice Mary Cottle Pazos
Juan Carlos Cortés
Gino Costa
Elizabeth Crosby Bustamante
Emer Cuba
Severo Cuba
Antonio Cruz Cubas
Gloria Cubas
Santiago Cueto
Jennie Dador
Eduardo Dargent
María del Pilar Pineda Flores
Marisol de la Cadena
Ernesto de la Jara
Fernando de Szyszlo
Levy del Águila Marchena
Henry Dietz
Hugo Dias
Giancarla Di Laura
Paulo Drinot
Yolanda Drinot De Echave
Joanna Drzewieniecki
Pilar Dughi
Alberto Durant
Etienne Durt
Cathy Eibenschutz,
Alejandro San Martín
Percy Erazo Aybar
Francisco Eguiguren
Antonio Espinoza
Eleonora Falco
Gustavo Faverón
María Isabel Fernández
Carlos Fernández Sessarego
Flavio Figallo
Susan Fitzpatrick Behrens
Juan Fonseca
David Florez Boza
David Flórez
Lydia Fossa
David Florez Boza
Rocío Franco
Carlos Franco
Pedro Francke
Gabriela Freyre
Ricardo Furman
Jacqueline Fowks
Agustín Gamaboa Quispe
Gladys Gamarra Bozano
Pedro Gamio
Iván García
Luis Raúl García Céspedes
Roxana García-Bedoya
Valeria Garcia Cannock
Diego García Sayán
Eduardo Gastelumendi Dargent
Pilar Gavilano Llosa
Adolfo Gazzo
Miguel Giusti
Juan C. Godenzzi
Estela Gonzalez A.
Laura Esther Gonzalez Florez
Efraín González de Olarte
Alberto Guerra Garcia
Hugo Guerra
Lisbeth Guillén
Alfonso Gushiken
Gustavo Gutiérrez
Luis Guzmán-Barrón Sobrevilla
José Grández
Soledad Hamann
Max Hernández
Ibis Henríquez de Astete
Narda Henríquez
Sonia Henríquez Gil
Alfredo Herrera
Jesús Herrero
Claudio Herzka
Liliam Hidalgo
Edgar Huaccho Bustamante
Rene Huanca Ramos
Lizardo Huamán
Paul Huamán
Shane Hunt
Miguel Huerta
Manuel Iguiñiz
Natalia Iguiñiz
Carlos Indacochea
Juan Infante
Marina Irigoyen
Iris Jave
Nils Jacobsen
María Teresa Jiménez
Charles D. Kenney
Marcia Koth de Paredes
Nathalie Koc-Menard
Atusparia Krupskaia Cueva
Cecilia Larrabure Simpson
Hans Landolt
Mirko Lauer
Anna María Lauro
Armando Lazarte
Patricia Legoas
Roberto Lerner
Rafael León
Kela León
Fabiola León Velarde
Fanny León
David Lobatón
José Lombardi Indacochea
María Rosa Lorbés
Iván Lucich
Patricia McLauchlan
Ivonne Macassi
Roberto Machado
José Carlos Machicao
Isabel Manrique Castro
Carmen Masías
Maripaz Martinez del Solar
Elzbieta Matynja
Geraldine Maurer
Enrique Mayer
Cynthia McClintock
Percy Medina
Esperanza Medina de Miranda
Angela Meentzen
Cecilia Méndez G.
Aida Luz Mendoza Navarro
César Inca Mendoza Loyola
Rene Meza Velásquez
Winfried Mitterer
Carlos Monge
Mayu Mohanna
Martín Monsalve
Rodrigo Montoya
Tomás Montoya
Paula Muñoz
Edmundo Murrugarra
Juan Eduardo Musso
Hugo Neira
Carlos Núñez
Marcos Obando Aguirre
Suzanne Oboler
Kazuo Ohgushi
Almerindo Ojeda
Patricia Oliart
Carmen Ollé Nava
Cecilia O’Neill de la Fuente
Augusto Ortiz de Zevallos
Gabriel Ortiz de Zevallos
Felipe Ortiz de Zevallos
Juan Ossio
Luis Pacheco Romero
Fernando O'Phelan
Rosa María Palacios
Hugo Palma
Orlando Plaza J.
Bertha Pancorvo
Carlos Parodi
Moisés Palomino
Aldo Panfichi
Jorge Parodi
Pepi Patrón
Santiago Pedraglio
María Angélica Pease
Alberto Péndola
César Pezo del Pino
María Teresa de la Piedra
Elena Piazzon
Luisa Pinto
Manuel Piqueras
Alfredo Pita
Alonso Polar
Carmen Ponce
Juan Manuel Ponce Huamaní
Fernando A. Ponce
Gonzalo Portocarrero
Gabriel Prado
Laura Puertas
Álvaro Puga Capelli
Víctor Manuel Pujazón Ezeta
Rolando Quesada
Andrea Querol
María Teresa Quiñones
Paola Quiroz
Pablo Quintanilla
Teresa Ralli
Melina Ramírez
Liliana Regalado
Ilse Rehder
Juan Rejas González
José Luis Rénique
María Isabel Remy
Carlos Reyna
Patricia Reyna Sánchez
Alex Reyes Castillejo
Iván Rivera
Carlos Rivera Rua
Henry Ernesto Robles Rentería
Elena Rodas
Alejandro Rojas
Ricardo A. Romero
Gustavo Rodríguez
Hugo Rodríguez
Yolanda Rodríguez
Miguel Rodríguez Mondoñedo
Rafael Roncagliolo
Alejo Rojas
Fernando Romero
Luisa Rosales de Herreros
Fernando Rospigliosi
Stéphanie Rousseau
Marcial Rubio Correa
Miguel Rubio
Jim Rudolph
Alonso Ruiz Rosas
Matilde Ruderman, Buenos Aires
Patricia Salas O´Brien
Daniel Salas Díaz
Óscar Salas Acosta
Frank Salomón
Abelardo Sánchez León
Luis Alberto Sandoval
Miguel Santillana
Aldo Santos Arias
Antonio Salazar
Catalina Salazar Herrera
Hugo Salazar M.
Enrique Salazar Sánchez
Francisco Santa Cruz
Alejandro Santa María
Jorge Santistevan de Noriega
Violeta Sara-Lafose
Lia Seminario
Dimitri N.Senmache Artola
Carlos Senmache San Bartolomé
David Scott Palmer
Gregory D. Schmidt
José Siancas Gamboa
Mike Shifter
Juan Carlos Shiappa – Pietra
Abraham Siles Vallejos
Rocío Silva Santisteban
Ricardo Soberón
Sandra Soria Mendoza
Manuel Sotomayor
Silvia Spitta
W. W. Stein
Martín Scurrah
Patricia Tagle
Patricia Tagle Barton
Ana María Tamayo
Martín Tanaka
Livia Tapia Ríos
Fernando Távara
Teivo Teivainen
Raúl Tola
Rolando Toledo
María Pía Tomatis Rodríguez
Javier Torres
Carlos Tovar Samanez
Cecilia Tovar Samanez
Carolina Trivelli
Fidel Tubino
Fernando Tuesta Soldevilla
León Trahtemberg
Ricardo Uceda
Mayen Ugarte
Dario Ugarte
José Ugaz
Paola Ugaz
María Eugenia Ulfe
Matilde Ureta Caplansky
Francois Vallaeys
Rocío Valdeavellano
Ricardo Valdéz
Ricardo Valverde
Bruno Van der Maat
Mario Vargas Llosa
Stefano Vanese
Walter Varillas
Juan Fernando Vega
Imelda Vega-Centeno B.
Máximo Vega Centeno
Ángela Velásquez
Odette Velez
Sandro Venturo
Dante Vera
Rosa I Vera Solano
Vanessa Vértiz
Ismael Rubén Vargas
Ricardo Vásquez Suyo
Rafael Velarde Ramírez
Víctor Vich
George Vickers
Carmela Vildoso
Victoria Villanueva
Bethzabeth Villanueva Tarrillo
Alfredo Villavicencio
Fernando Villarán
Susana Villarán
Rosa Villarán
José Miguel Vivanco
Félix Vivanco
Charles Walker
Richard Webb
Carlos Wenceslao Senmache Artola
Carolyn Wolfenzon
Vicente Yufra Condori
Deborah Yashar
Gina Yáñez
Coletta A. Youngers
Octavio Zagazeta
Alonso Zarzar
Verónica Zavala
Felipe Zegarra Russo
Emma Zevallos Aguilar
Lorenzo Zolezzi
Elsa Zuloaga
Adriana Zumaran Jibaja
lunes, 30 de julio de 2007
Para entender los conflictos sociales
.
A continuación, un correo electrónico personal enviado por Víctor Caballero, investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Lo reproduzco con autorización de Víctor, naturalmente, con mínimos cambios de edición. Excelente crónica que da muchas luces para entender cómo y por qué ocurren los conflictos, y qué debería hacerse frente a ellos. Saludos.
-------------- Mensaje original ---------------
Asunto: ALTURAS DE CHALLHUAHUACHO
De: Víctor Caballero Martin
Fecha: Dom, 29 de Julio de 2007, 12:57 am
Estimados amigos
El día lunes 23 de julio, cerca de dos mil comuneros de la provincia de Cotabambas, organizados en la Federación Provincial de Campesinos de Cotabambas, habían rodeado el campamento de la empresa minera XStrata ubicado en el distrito de Challhuahuacho, y amenazaron tomarla si es que no se enviaba una Comisión de Alto Nivel a negociar su plataforma de lucha. Esta acción formaba parte del paro agrario del 23 y 24 julio que dicha federación había programado.
Los gerentes de la minera XStrata acudieron a la PCM para que evitaran la toma de las instalaciones; ya el sábado pasado habían coordinado con el Ministro de Energía y Minas para enviar un funcionario a calmar los ánimos de los campesinos.
En un inicio quienes estaban informados de esta medida de fuerza consideraban que no iba a tener éxito: la federación estaba debilitada, decían, porque la lucha se explicaba por la disputas de liderazgos entre el presidente de la federación y el alcalde provincial de Cotabambas, disputa que se centraba sobre todo en la plata no invertida del fondo del Fideicomiso de Las Bambas.
Pero lo que vi en las fotos enviadas por Internet era otra cosa: columnas de campesinos bajando por los cerros a caballo y a pie; grupos enardecidos empujando las mallas del cerco del campamento minero. Cuando hablé por teléfono con el dirigente Valentín Roque Rata, sentí que el estado de ánimo era muy alterado. Exigían la presencia del Primer Ministro y del Ministro de Energía y Minas. Se calmaron un poco cuando les prometimos que iría una comisión multisectorial para trabajar la plataforma de lucha de la federación. Exigieron que la reunión se realice en la plaza pública de Challhuahuacho (a cuatro kilómetros del campamento minero).
Viajé al día siguiente presidiendo una delegación de siete funcionarios del MINEM – MINSA – MTC – MINEDU – MINAG. Antes de viajar llamé al presidente de la Región Apurímac, para proponer que él o el vicepresidente integre la delegación toda vez que la plataforma de la población eran demandas que debían ser resueltas por el gobierno regional, y en la medida que el problema más serio era el funcionamiento del Fondo de Fideicomiso de Las Bambas y con el Comité ejecutivo de dicho fondo donde el vicepresidente de la región participa como miembro pleno. Consideraba que la presencia de las autoridades del gobierno regional ayudaría mucho a resolver la plataforma de la federación, pero la respuesta fue sorprendente: el presidente prometió enviar al vicepresidente; a las seis de la tarde me llamaron para decirme que no iba nadie porque estaban atendiendo otros problemas (¿?).
Al llegar al pueblo de Challhuahuacho nos esperaban centenares de campesinos; otros venían bajando a caballo y a pie. Eran columnas de comuneros con características muy similares a la etnia de las comunidades de los Canas y Espinar; venían vestidos con sus típicos atuendos de bayeta negra uno, y blancas otros; con sombreros y cintas de colores. Habían pocas mujeres en los grupos. El policía del pueblo me hizo notar algo muy especial, pero que pasaba inadvertido: me dijo que para distinguir a los líderes comunales, los podía identificar por unos botones metálicos cosidos a la chaqueta; eran botones que tenían grabada una fecha (¿1894? ¿1884? No pude ver con detalle).
Si bien quien presidía la federación era Valentín Roque, noté que en realidad los presidentes de las comunidades tenían el mando real de los participantes. Se reunían aparte, en grupos y en círculo. Aunque ya me habían dicho que la federación estaba debilitada y que las disputas de liderazgos entre Valentín y el alcalde provincial explicaban en parte el conflicto (el alcalde provincial es el presidente del Fondo de Fideicomiso de Las Bambas), lo que me sorprendió (y creo que también a los dirigentes de la federación) era la contundencia de la lucha y la participación activa de los comuneros.
Por presión de la gente la reunión plenaria y las comisiones de trabajo se realizaron en la plaza pública (tipo asamblea comunal). No querían que nadie hable en cuartos o espacios cerrados. La desconfianza que se produzcan arreglos era evidente. No hubo protestas cuando propusimos que la reunión se organice de la siguiente manera: que hablen cinco representantes de la federación o del pueblo y luego trabajemos en cinco comisiones la plataforma de la federación.
Lo aceptaron y la reunión empezó, y fue muy tranquila, sin exabruptos. Los campesinos no se acercaron a la mesa; en las comisiones que se instalaron en la plaza, los comuneros rodearon la mesa, pero tampoco hubo incidentes; los participantes hablaron con fuerza, intransigencia a veces, pero cuando se llegaron a acuerdos o se resumían los temas tratados tampoco pasó nada.
Habló un dirigente del SUTE pero su demanda no era el motivo de la lucha comunera; lo mismo hizo el alcalde de la provincia de Cotabambas que siendo el presidente de la Comité Ejecutivo del Fideicomiso no dijo nada de este organismo y se dedicó a hacer una lista de pedidos de obras entre la que se encontraba la construcción de una hidroeléctrica en un sitio que – según dijo – estaba por determinar. La demanda de los presidentes de las comunidades eran muy concretas: la ampliación de la superficie de riego por aspersión, puentes y carreteras; equipamiento de las postas médicas. Lo que me llamó la atención fue el pedido del riego por aspersión. Unos decían que se necesitaban 10 mil hectáreas de tierras irrigadas con ese sistema. Otros pedían tractores para todas las comunidades campesinas. Tenían muy presente la lucha de Andahuaylas pero lo habían reducido al tema de los tractores. Si Andahuaylas consiguió 33 tractores ellos querían 100 porque eran más pobres.
En la comisión que participé (Pro Inversión) la demanda también era muy concreta: ese organismo no había funcionado. Tenían sospechas de corrupción de sus integrantes. Pero quien tenía que explicar por qué no había funcionado era el alcalde provincial que preside precisamente el Comité Ejecutivo del Fondo de Fideicomiso, pero desapareció de la reunión. Criticaban también la propaganda de la empresa XStrata que decía emplear a pobladores de la provincia y no lo hacía en la proporción que ellos esperaban; no les compraban sus productos; los capacitaban pero no les daban empleo. Aunque no dijeron que había discriminación pero sí señalaban que la empresa solo beneficia a cinco comunidades y no a las sesenta comunidades de la provincia. Decían: o se beneficia a todas o no se beneficia a nadie.
Muy pocos eran los oradores que tenían discursos más políticos (vale decir, relacionados al TLC, la contaminación ambiental, la revisión de los contratos mineros); el discurso predominante era contra Pro Inversión. A la empresa XStrata le pedían mejor atención. No hubo posiciones de confrontación con la mina ni contra su presencia, aunque mencionaban que si no les atendían iban a pedir que se vayan.
*NO HAY GOBIERNO*
El desarrollo del trabajo de las comisiones y las conclusiones a que se llegó en todas ellas me dio la impresión que uno de los problemas más graves es la ausencia de gobierno. Pero no de Gobierno Central (que en ciertos casos es muy evidente) sino de la ausencia del Gobierno Regional y de los Gobiernos Municipales Provinciales.
Cuando digo ausencia de gobierno, no hablo de falta de autoridad, sino falta de capacidad de administrar sus recursos presupuestales y la no aplicación de sus facultades transferidas para la gestión de la cosa pública.
Esto lo pude ver cuando se trabajaron los siguientes temas:
1. *Las demandas agropecuarias. *En realidad la Dirección Regional de Agricultura estaba en la obligación de elaborar el Informe Técnico para la declaratoria en emergencia de la provincia de Cotabambas; ellos eran los que debían gestionar el pedido de los tractores; los que debían elaborar los planes de riego por aspersión, la instalación de los fitotoldos, los cobertizos, etc. ¿Por qué no lo hacen? Porque esperan que funcionarios del MINAG vengan a trabajar con los comuneros directamente. Finalmente, para tramitar las demandas se fijaron las fechas del 18 y 20 de agosto para trabajar los planes de crianza y los planes de riego.
2. *Las demandas de carreteras y puentes*. De las cinco carreteras reclamadas, una ya estaba en ejecución en un 50%, las otras esperaban que los municipios distritales elaboren los expedientes técnicos para ser ejecutados este año; la construcción de un puente requería de la autorización del INC: Otra carretera dependía de la decisión del Gobierno Regional de proponer en el presupuesto 2008. Provías Descentralizado también tenía responsabilidad por no contar con mayor recurso para financiar obras de mantenimiento periódico.
Para quien recorra la zona, resulta evidente que esta es la demanda central: las comunidades de altura en realidad están aisladas. En caso de emergencia de salud de los pobladores no hay forma de trasladarla a los centros de salud; en las épocas de lluvia, el aislamiento es total.
3. *Las demandas de salud, *que es muy sentida* *y que agrava por el aislamiento, se soluciona con la creación de un hospital en Cotabambas y con el equipamiento con médicos especialistas, con equipos y suministros. Pero esa demanda la tiene que plantear la Dirección Regional de Salud; son ellos los que tienen que elaborar el expediente técnico, los que deben aprobar las plazas para las postas, los recursos para el equipamiento. No pueden aducir falta de presupuesto, porque el problema de base es la direccionalidad de la inversión social en la región.
*4. **Las demandas en Educación. *Tanto la creación de nuevos IEI, nuevas plazas orgánicas para el nivel primario, y para el Instituto Tecnológico, dependían en gran medida de la Dirección Regional de Educación. Se informó que había 150 plazas disponibles. La DREM de Apurímac debía entonces dar preferencia esta provincia. Respecto de plazas para el Instituto Tecnológico de Haquira y Challhuahuacho, se recomendó que éstas debían ser financiadas con los fondos del Fideicomiso. Y así…**
Estas demandas por lo general las he visto y tratado en todas las negociaciones en las que me ha tocado estar: Yurimaguas, Ucayali, Cajamarca, Puno, Cusco. Y en todas, la ausencia de los funcionarios y autoridades regionales es clamorosa. En algunos casos, el director regional es el que exige la atención y solución de un problema que le compete a él, como autoridad, resolverla o tramitarla.
5. *Pro Inversión y el Fondo de las Bambas*. La lucha en este punto es justificada. En realidad aquí hay una responsabilidad compartida tanto de Pro Inversión como de las autoridades del Gobierno Regional y de los alcaldes provinciales y distritales que integran el Fondo del Fideicomiso.
Han pasado más de tres años y la manera cómo se ha manejado este fondo está lleno de dudas. Las quejas fueron constantes y por tanto la lucha estaba anunciada porque la acumulación de cólera y frustración se fue extendiendo a todas las comunidades, al punto que ya no hay otra solución que la salida de los actuales representantes de Pro Inversión.
Creo, sin embargo, que la salida de la Pro Inversión no soluciona el problema de fondo: el uso de más de 45 millones de dólares para dos provincias. He visto la lista de obras (cerca de 70) y veo que son eso, una lista de gastos sin que eso forme parte de un plan de desarrollo agropecuario o desarrollo integral de las provincias. Es evidente que hay sobrevaloración de los proyectos. Se han gastado más de 200 mil dólares en capacitación en Lima (Institutos de Computación); se han elaborado estudios técnicos a un costo elevadísimo, y así.
Es evidente también que los mecanismos de administración de dicho fondos han sido elaborados para impedir que los verdaderos dueños del recurso (los municipios) no lo puedan usar. Que los controles establecidos le dan a Pro Inversión el rol tutelar que ya no le corresponde. Que los alcaldes y hasta el propio vicepresidente de la Región se sientan como invitados no deseados en el manejo del Fondo de Fideicomiso de Las Bambas.
Lo peligroso de este caso, es que un odio dirigido hacia Pro Inversión termina arrastrando a la minera XStrata. Así que lo más recomendable es que éstos se distancien de aquellos.
*UNA MINERIA SIN ALIADOS NI AMIGOS*
La empresa XStrata transmitió una imagen de una excelente relación con las comunidades vecinas. Su estrategia de relaciones comunitarias era bien valorada: había entregado un fondo considerable al Fideicomiso; está contratando mano de obra de las comunidades, hace pequeñas obras comunitarias en riego, cultivos, manejo ambiental, etc.
Pero a la hora del conflicto como el que he visto se pudo apreciar que la empresa no tenía ningún amigo; ningún aliado salió en defensa de la empresa. Si bien se dijo que los habían amenazado, eso por sí solo no explica mucho.
Esto es una constante en todos los conflictos mineros y petroleros, en costa, sierra o selva. Los pobladores tienden muy rápido en olvidar los beneficios (cuando los hay) y pasan a desconocer todo: nunca nos han apoyado, dicen; nunca han atendido a nuestras demandas de obras o empleo, puntualizan; aunque cuando se pasa al detalle se ve que sí, que si se han contratado comuneros, que se han hecho pequeñas obras, pero todo se olvida y todo se desconoce en el momento de la lucha.
Creo que en general los errores más comunes que se está cometiendo son:
1. Que las relaciones comunitarias y los beneficios solo se circunscriben a las comunidades directamente afectadas y no a lascomunidades que están en el entorno. No toman en cuenta el factor étnico y cultural de las comunidades andinas y amazónicas. Así por ejemplo, las cinco comunidades en Cotabambas (las beneficiadas) son del mismo grupo étnico del resto de la provincia; si éstas no se sienten beneficiadas o incluidas, las cinco que si lo están se van a solidarizar con todas. Al final van a hacer un solo bloque, y el liderazgo de la confrontación lo van llevar los presidentes de las comunidades y no los liderazgos políticos (alcaldes o presidentes de federaciones campesinos).
2. Que los planes de desarrollo agropecuario no recogen las experiencias positivas que se aplicaron en la región. Así por ejemplo, la experiencia MARENAS fue exitosa, pero no se replica en el ámbito de la minería del sur andino. Peor aún, la empresa no llegan a construir alianzas estratégicas con instituciones de desarrollo que pueden servir para trabajar planes comunes. Creo que se han dejado llevar por el odio a las ONG que se ha alimentado desde el Estado y de los grupos empresariales más reaccionarios y anticomuneros. El resultado está a la vista, a la hora de los conflictos no hay ningún aliado que salga a apoyarlos
3. Considerar que la negociación es un solo acto y de manera rápida. Es muy frecuente escuchar que ya se firmaron acuerdos con tal o cual comunidad. Eso por sí no es garantía de nada. No solo porque son las mismas empresas las que la incumplen (el caso más clamoroso e indignante es la empresa Yanacocha), sino porque la dinámica de las asambleas campesinas y comuneras siempre ponen en discusión todo, y desde el comienzo. La asamblea comunal es autónoma. Esa es su regla de conducta y puede poner en cuestión un acuerdo. Lo que he visto como conducta de las empresas mineras es que se amparan en acuerdos firmados, y lo consideran intocable, irreversible; es por eso quereclaman mano dura contra campesinos que desconocen acuerdos. No se ponen así cuando son ellos los que incumplen actas o acuerdos firmados.
La negociación es una política permanente y los compromisos se trabajan al detalle. Esto es poco comprendido por las empresas.
Estas son mis reflexiones, por ahora.
No quiero terminar sin señalar mi opinión sobre los últimos decretos que penalizan a las autoridades regionales que participan en huelgas y marchas, y que eximen de culpa a los policías que en cumplimiento de su deber ocasionen la muerte o hieran a manifestantes.
Estas medidas son producto de una evaluación equivocada del curso de los conflictos sociales. Evaluación que ha sido promovida por los grupos empresariales más reaccionarios. Cual es el fundamento de esta nueva política: primero considerar que son las autoridades regionales los que promueven el conflicto, cuando en realidad, estas autoridades (salvo el caso de Fuentes) están tremendamente debilitadas y han abdicado de su función de gobierno ante los frentes de defensa o frentes cívicos. Esta medida, por tanto, no los fortalece sino que los debilita. Segundo, considerar que el conflicto es producto de agitadores sin reconocer la justeza de las demandas que están a la base. Tercero, creo que la norma que exime de culpa a los policías no tiene sustento. A la fecha no hay ningún policía encausado o enjuiciado por las muertes de manifestantes: el primer caso de Isidro Llanos(Combayo) y el último caso del campesino de Andahuaylas, no han sido objetos de investigación (en el último) o de sanción, en el primero.
En fin, eso lo dejo para más adelante.
Feliz 28 de Julio.
A continuación, un correo electrónico personal enviado por Víctor Caballero, investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Lo reproduzco con autorización de Víctor, naturalmente, con mínimos cambios de edición. Excelente crónica que da muchas luces para entender cómo y por qué ocurren los conflictos, y qué debería hacerse frente a ellos. Saludos.
-------------- Mensaje original ---------------
Asunto: ALTURAS DE CHALLHUAHUACHO
De: Víctor Caballero Martin
Fecha: Dom, 29 de Julio de 2007, 12:57 am
Estimados amigos
El día lunes 23 de julio, cerca de dos mil comuneros de la provincia de Cotabambas, organizados en la Federación Provincial de Campesinos de Cotabambas, habían rodeado el campamento de la empresa minera XStrata ubicado en el distrito de Challhuahuacho, y amenazaron tomarla si es que no se enviaba una Comisión de Alto Nivel a negociar su plataforma de lucha. Esta acción formaba parte del paro agrario del 23 y 24 julio que dicha federación había programado.
Los gerentes de la minera XStrata acudieron a la PCM para que evitaran la toma de las instalaciones; ya el sábado pasado habían coordinado con el Ministro de Energía y Minas para enviar un funcionario a calmar los ánimos de los campesinos.
En un inicio quienes estaban informados de esta medida de fuerza consideraban que no iba a tener éxito: la federación estaba debilitada, decían, porque la lucha se explicaba por la disputas de liderazgos entre el presidente de la federación y el alcalde provincial de Cotabambas, disputa que se centraba sobre todo en la plata no invertida del fondo del Fideicomiso de Las Bambas.
Pero lo que vi en las fotos enviadas por Internet era otra cosa: columnas de campesinos bajando por los cerros a caballo y a pie; grupos enardecidos empujando las mallas del cerco del campamento minero. Cuando hablé por teléfono con el dirigente Valentín Roque Rata, sentí que el estado de ánimo era muy alterado. Exigían la presencia del Primer Ministro y del Ministro de Energía y Minas. Se calmaron un poco cuando les prometimos que iría una comisión multisectorial para trabajar la plataforma de lucha de la federación. Exigieron que la reunión se realice en la plaza pública de Challhuahuacho (a cuatro kilómetros del campamento minero).
Viajé al día siguiente presidiendo una delegación de siete funcionarios del MINEM – MINSA – MTC – MINEDU – MINAG. Antes de viajar llamé al presidente de la Región Apurímac, para proponer que él o el vicepresidente integre la delegación toda vez que la plataforma de la población eran demandas que debían ser resueltas por el gobierno regional, y en la medida que el problema más serio era el funcionamiento del Fondo de Fideicomiso de Las Bambas y con el Comité ejecutivo de dicho fondo donde el vicepresidente de la región participa como miembro pleno. Consideraba que la presencia de las autoridades del gobierno regional ayudaría mucho a resolver la plataforma de la federación, pero la respuesta fue sorprendente: el presidente prometió enviar al vicepresidente; a las seis de la tarde me llamaron para decirme que no iba nadie porque estaban atendiendo otros problemas (¿?).
Al llegar al pueblo de Challhuahuacho nos esperaban centenares de campesinos; otros venían bajando a caballo y a pie. Eran columnas de comuneros con características muy similares a la etnia de las comunidades de los Canas y Espinar; venían vestidos con sus típicos atuendos de bayeta negra uno, y blancas otros; con sombreros y cintas de colores. Habían pocas mujeres en los grupos. El policía del pueblo me hizo notar algo muy especial, pero que pasaba inadvertido: me dijo que para distinguir a los líderes comunales, los podía identificar por unos botones metálicos cosidos a la chaqueta; eran botones que tenían grabada una fecha (¿1894? ¿1884? No pude ver con detalle).
Si bien quien presidía la federación era Valentín Roque, noté que en realidad los presidentes de las comunidades tenían el mando real de los participantes. Se reunían aparte, en grupos y en círculo. Aunque ya me habían dicho que la federación estaba debilitada y que las disputas de liderazgos entre Valentín y el alcalde provincial explicaban en parte el conflicto (el alcalde provincial es el presidente del Fondo de Fideicomiso de Las Bambas), lo que me sorprendió (y creo que también a los dirigentes de la federación) era la contundencia de la lucha y la participación activa de los comuneros.
Por presión de la gente la reunión plenaria y las comisiones de trabajo se realizaron en la plaza pública (tipo asamblea comunal). No querían que nadie hable en cuartos o espacios cerrados. La desconfianza que se produzcan arreglos era evidente. No hubo protestas cuando propusimos que la reunión se organice de la siguiente manera: que hablen cinco representantes de la federación o del pueblo y luego trabajemos en cinco comisiones la plataforma de la federación.
Lo aceptaron y la reunión empezó, y fue muy tranquila, sin exabruptos. Los campesinos no se acercaron a la mesa; en las comisiones que se instalaron en la plaza, los comuneros rodearon la mesa, pero tampoco hubo incidentes; los participantes hablaron con fuerza, intransigencia a veces, pero cuando se llegaron a acuerdos o se resumían los temas tratados tampoco pasó nada.
Habló un dirigente del SUTE pero su demanda no era el motivo de la lucha comunera; lo mismo hizo el alcalde de la provincia de Cotabambas que siendo el presidente de la Comité Ejecutivo del Fideicomiso no dijo nada de este organismo y se dedicó a hacer una lista de pedidos de obras entre la que se encontraba la construcción de una hidroeléctrica en un sitio que – según dijo – estaba por determinar. La demanda de los presidentes de las comunidades eran muy concretas: la ampliación de la superficie de riego por aspersión, puentes y carreteras; equipamiento de las postas médicas. Lo que me llamó la atención fue el pedido del riego por aspersión. Unos decían que se necesitaban 10 mil hectáreas de tierras irrigadas con ese sistema. Otros pedían tractores para todas las comunidades campesinas. Tenían muy presente la lucha de Andahuaylas pero lo habían reducido al tema de los tractores. Si Andahuaylas consiguió 33 tractores ellos querían 100 porque eran más pobres.
En la comisión que participé (Pro Inversión) la demanda también era muy concreta: ese organismo no había funcionado. Tenían sospechas de corrupción de sus integrantes. Pero quien tenía que explicar por qué no había funcionado era el alcalde provincial que preside precisamente el Comité Ejecutivo del Fondo de Fideicomiso, pero desapareció de la reunión. Criticaban también la propaganda de la empresa XStrata que decía emplear a pobladores de la provincia y no lo hacía en la proporción que ellos esperaban; no les compraban sus productos; los capacitaban pero no les daban empleo. Aunque no dijeron que había discriminación pero sí señalaban que la empresa solo beneficia a cinco comunidades y no a las sesenta comunidades de la provincia. Decían: o se beneficia a todas o no se beneficia a nadie.
Muy pocos eran los oradores que tenían discursos más políticos (vale decir, relacionados al TLC, la contaminación ambiental, la revisión de los contratos mineros); el discurso predominante era contra Pro Inversión. A la empresa XStrata le pedían mejor atención. No hubo posiciones de confrontación con la mina ni contra su presencia, aunque mencionaban que si no les atendían iban a pedir que se vayan.
*NO HAY GOBIERNO*
El desarrollo del trabajo de las comisiones y las conclusiones a que se llegó en todas ellas me dio la impresión que uno de los problemas más graves es la ausencia de gobierno. Pero no de Gobierno Central (que en ciertos casos es muy evidente) sino de la ausencia del Gobierno Regional y de los Gobiernos Municipales Provinciales.
Cuando digo ausencia de gobierno, no hablo de falta de autoridad, sino falta de capacidad de administrar sus recursos presupuestales y la no aplicación de sus facultades transferidas para la gestión de la cosa pública.
Esto lo pude ver cuando se trabajaron los siguientes temas:
1. *Las demandas agropecuarias. *En realidad la Dirección Regional de Agricultura estaba en la obligación de elaborar el Informe Técnico para la declaratoria en emergencia de la provincia de Cotabambas; ellos eran los que debían gestionar el pedido de los tractores; los que debían elaborar los planes de riego por aspersión, la instalación de los fitotoldos, los cobertizos, etc. ¿Por qué no lo hacen? Porque esperan que funcionarios del MINAG vengan a trabajar con los comuneros directamente. Finalmente, para tramitar las demandas se fijaron las fechas del 18 y 20 de agosto para trabajar los planes de crianza y los planes de riego.
2. *Las demandas de carreteras y puentes*. De las cinco carreteras reclamadas, una ya estaba en ejecución en un 50%, las otras esperaban que los municipios distritales elaboren los expedientes técnicos para ser ejecutados este año; la construcción de un puente requería de la autorización del INC: Otra carretera dependía de la decisión del Gobierno Regional de proponer en el presupuesto 2008. Provías Descentralizado también tenía responsabilidad por no contar con mayor recurso para financiar obras de mantenimiento periódico.
Para quien recorra la zona, resulta evidente que esta es la demanda central: las comunidades de altura en realidad están aisladas. En caso de emergencia de salud de los pobladores no hay forma de trasladarla a los centros de salud; en las épocas de lluvia, el aislamiento es total.
3. *Las demandas de salud, *que es muy sentida* *y que agrava por el aislamiento, se soluciona con la creación de un hospital en Cotabambas y con el equipamiento con médicos especialistas, con equipos y suministros. Pero esa demanda la tiene que plantear la Dirección Regional de Salud; son ellos los que tienen que elaborar el expediente técnico, los que deben aprobar las plazas para las postas, los recursos para el equipamiento. No pueden aducir falta de presupuesto, porque el problema de base es la direccionalidad de la inversión social en la región.
*4. **Las demandas en Educación. *Tanto la creación de nuevos IEI, nuevas plazas orgánicas para el nivel primario, y para el Instituto Tecnológico, dependían en gran medida de la Dirección Regional de Educación. Se informó que había 150 plazas disponibles. La DREM de Apurímac debía entonces dar preferencia esta provincia. Respecto de plazas para el Instituto Tecnológico de Haquira y Challhuahuacho, se recomendó que éstas debían ser financiadas con los fondos del Fideicomiso. Y así…**
Estas demandas por lo general las he visto y tratado en todas las negociaciones en las que me ha tocado estar: Yurimaguas, Ucayali, Cajamarca, Puno, Cusco. Y en todas, la ausencia de los funcionarios y autoridades regionales es clamorosa. En algunos casos, el director regional es el que exige la atención y solución de un problema que le compete a él, como autoridad, resolverla o tramitarla.
5. *Pro Inversión y el Fondo de las Bambas*. La lucha en este punto es justificada. En realidad aquí hay una responsabilidad compartida tanto de Pro Inversión como de las autoridades del Gobierno Regional y de los alcaldes provinciales y distritales que integran el Fondo del Fideicomiso.
Han pasado más de tres años y la manera cómo se ha manejado este fondo está lleno de dudas. Las quejas fueron constantes y por tanto la lucha estaba anunciada porque la acumulación de cólera y frustración se fue extendiendo a todas las comunidades, al punto que ya no hay otra solución que la salida de los actuales representantes de Pro Inversión.
Creo, sin embargo, que la salida de la Pro Inversión no soluciona el problema de fondo: el uso de más de 45 millones de dólares para dos provincias. He visto la lista de obras (cerca de 70) y veo que son eso, una lista de gastos sin que eso forme parte de un plan de desarrollo agropecuario o desarrollo integral de las provincias. Es evidente que hay sobrevaloración de los proyectos. Se han gastado más de 200 mil dólares en capacitación en Lima (Institutos de Computación); se han elaborado estudios técnicos a un costo elevadísimo, y así.
Es evidente también que los mecanismos de administración de dicho fondos han sido elaborados para impedir que los verdaderos dueños del recurso (los municipios) no lo puedan usar. Que los controles establecidos le dan a Pro Inversión el rol tutelar que ya no le corresponde. Que los alcaldes y hasta el propio vicepresidente de la Región se sientan como invitados no deseados en el manejo del Fondo de Fideicomiso de Las Bambas.
Lo peligroso de este caso, es que un odio dirigido hacia Pro Inversión termina arrastrando a la minera XStrata. Así que lo más recomendable es que éstos se distancien de aquellos.
*UNA MINERIA SIN ALIADOS NI AMIGOS*
La empresa XStrata transmitió una imagen de una excelente relación con las comunidades vecinas. Su estrategia de relaciones comunitarias era bien valorada: había entregado un fondo considerable al Fideicomiso; está contratando mano de obra de las comunidades, hace pequeñas obras comunitarias en riego, cultivos, manejo ambiental, etc.
Pero a la hora del conflicto como el que he visto se pudo apreciar que la empresa no tenía ningún amigo; ningún aliado salió en defensa de la empresa. Si bien se dijo que los habían amenazado, eso por sí solo no explica mucho.
Esto es una constante en todos los conflictos mineros y petroleros, en costa, sierra o selva. Los pobladores tienden muy rápido en olvidar los beneficios (cuando los hay) y pasan a desconocer todo: nunca nos han apoyado, dicen; nunca han atendido a nuestras demandas de obras o empleo, puntualizan; aunque cuando se pasa al detalle se ve que sí, que si se han contratado comuneros, que se han hecho pequeñas obras, pero todo se olvida y todo se desconoce en el momento de la lucha.
Creo que en general los errores más comunes que se está cometiendo son:
1. Que las relaciones comunitarias y los beneficios solo se circunscriben a las comunidades directamente afectadas y no a lascomunidades que están en el entorno. No toman en cuenta el factor étnico y cultural de las comunidades andinas y amazónicas. Así por ejemplo, las cinco comunidades en Cotabambas (las beneficiadas) son del mismo grupo étnico del resto de la provincia; si éstas no se sienten beneficiadas o incluidas, las cinco que si lo están se van a solidarizar con todas. Al final van a hacer un solo bloque, y el liderazgo de la confrontación lo van llevar los presidentes de las comunidades y no los liderazgos políticos (alcaldes o presidentes de federaciones campesinos).
2. Que los planes de desarrollo agropecuario no recogen las experiencias positivas que se aplicaron en la región. Así por ejemplo, la experiencia MARENAS fue exitosa, pero no se replica en el ámbito de la minería del sur andino. Peor aún, la empresa no llegan a construir alianzas estratégicas con instituciones de desarrollo que pueden servir para trabajar planes comunes. Creo que se han dejado llevar por el odio a las ONG que se ha alimentado desde el Estado y de los grupos empresariales más reaccionarios y anticomuneros. El resultado está a la vista, a la hora de los conflictos no hay ningún aliado que salga a apoyarlos
3. Considerar que la negociación es un solo acto y de manera rápida. Es muy frecuente escuchar que ya se firmaron acuerdos con tal o cual comunidad. Eso por sí no es garantía de nada. No solo porque son las mismas empresas las que la incumplen (el caso más clamoroso e indignante es la empresa Yanacocha), sino porque la dinámica de las asambleas campesinas y comuneras siempre ponen en discusión todo, y desde el comienzo. La asamblea comunal es autónoma. Esa es su regla de conducta y puede poner en cuestión un acuerdo. Lo que he visto como conducta de las empresas mineras es que se amparan en acuerdos firmados, y lo consideran intocable, irreversible; es por eso quereclaman mano dura contra campesinos que desconocen acuerdos. No se ponen así cuando son ellos los que incumplen actas o acuerdos firmados.
La negociación es una política permanente y los compromisos se trabajan al detalle. Esto es poco comprendido por las empresas.
Estas son mis reflexiones, por ahora.
No quiero terminar sin señalar mi opinión sobre los últimos decretos que penalizan a las autoridades regionales que participan en huelgas y marchas, y que eximen de culpa a los policías que en cumplimiento de su deber ocasionen la muerte o hieran a manifestantes.
Estas medidas son producto de una evaluación equivocada del curso de los conflictos sociales. Evaluación que ha sido promovida por los grupos empresariales más reaccionarios. Cual es el fundamento de esta nueva política: primero considerar que son las autoridades regionales los que promueven el conflicto, cuando en realidad, estas autoridades (salvo el caso de Fuentes) están tremendamente debilitadas y han abdicado de su función de gobierno ante los frentes de defensa o frentes cívicos. Esta medida, por tanto, no los fortalece sino que los debilita. Segundo, considerar que el conflicto es producto de agitadores sin reconocer la justeza de las demandas que están a la base. Tercero, creo que la norma que exime de culpa a los policías no tiene sustento. A la fecha no hay ningún policía encausado o enjuiciado por las muertes de manifestantes: el primer caso de Isidro Llanos(Combayo) y el último caso del campesino de Andahuaylas, no han sido objetos de investigación (en el último) o de sanción, en el primero.
En fin, eso lo dejo para más adelante.
Feliz 28 de Julio.
miércoles, 27 de junio de 2007
Delito de opinión: Nelson Manrique
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)
www.ipys.org/ultimasaler.php / contacto: postmaster@ipys.org
21 de junio de 2007
PERÚ: CONDENAN A COLUMNISTA POR OPINAR SOBRE LA CONDUCTA DE UN POLÍTICO
El 9 de enero de 2007, el 41º Juzgado Penal de Lima encontró culpable al historiador Nelson Manrique, columnista del diario Perú 21, del cargo de difamación agravada en contra del Rafael Rey, actual ministro de la Producción, quien lo querelló en noviembre de 2005 cuando era congresista. El juzgado ordenó el pago de 3 mil soles (US$ 950) de reparación civil y se reservó el fallo condenatorio por un año.
Entre abril y mayo de 2005, Manrique escribió que Rey y su partido CODE ― Renovación, falsificaron firmas para inscribirse en las elecciones generales del año 2000, basándose en sus propias deducciones y en datos de alcance público. Calificó el hecho como "una estafa de gran escala en contra del país". En una respuesta pública, Rey sostuvo que eran falsos tanto las deducciones de Manrique como sus datos.
El historiador fue absuelto en primera instancia. Tras la apelación de Rey, la Quinta Sala Especializada en lo Penal anuló la resolución al considerar que, si bien el tema era de interés público, Manrique centraba sus opiniones en Rey. Usando esos mismos criterios, el 41º Juzgado Penal lo condenó.
Manrique apeló la sentencia, y el caso ha vuelto a la Quinta Sala Penal, que ya se pronunció sosteniendo su culpabilidad. Ello asegura que la apelación del columnista será desestimada.
De la lectura de los artículos, el IPYS considera que Manrique ejerció su derecho de opinión, y que sus expresiones no pueden ser castigadas por ningún juez sin violar la Constitución y los conveniosinternacionales suscritos por el Perú. Asimismo, expresa su preocupación porque la misma sala que revocó la absolución es la que ahora ve el caso.
Acciones recomendadas:
Solicitar a la justicia que revoque el fallo, ya que Manrique opinó sobre un tema de interés público amparado en sus derechos constitucionales.
Dirigirse a:
Corte Superior de Justicia de Lima
Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres
Donayre Mavila, Rosario – vocal
Escobar Antezano, Carlos – vocal
Vidal Morales Juan Carlos - vocal
Av. Abancay cdra. 5 s/n. Edificio Anselmo Barreto León
Telf.: 51 426-5010 (anexos 1220-1228-1107-1218)
Fax: 51 427-1600
Señor
Ignacio ALVAREZ
Relator para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington.-
De nuestra consideración;
Carlos RIVERA PAZ, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (Lima, Perú), por la presente desea hacer de su conocimiento el caso del ciudadano peruano Nelson Manrique Gálvez y solicitar la intervención de vuestra Relatoría.
El ciudadano peruano Nelson Manrique Gálvez es historiador, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Perú y semanalmente escribe una columna periodista en el diario "Perú 21" de Perú. En dicha columna, desde hace más de dos años, analiza diversos temas de la actualidad política nacional. El ciudadano Manrique Gálvez es uno de los más reputados analistas políticos del país.
El 25 de abril de 2005 el ciudadano Manrique Gálvez publicó en el diario "Perú 21" su columna semanal titulada "Una Democracia a Sola Firma" en la cual comentó sobre la existencia de diversas organizaciones políticas nacionales que para lograr su inscripción ante las instancias electorales del Perú habían falsificado las firmas de decenas miles de supuestos adherentes. En el artículo se aborda de manera especial la situación del movimiento político CODE – Renovación, organización que era liderada por el entonces congresista de la república Rafael Rey Rey. El artículo señala textualmente lo siguiente:
"Una Democracia a sola firma"
Esta semana debe presentarse el informe parlamentario sobre la presunta falsificación de firmas y las interrogantes sobre la legitimidad del sistema político peruano se van a poner en el orden del día.
El ex jefe de la ONPE, José Portillo Campbell, ha dicho en el Parlamento que "todas las organizaciones tienen techo de vidrio". Dicho en otras palabras, no les conviene a los partidos tirar piedras sobre el techo del vecino porque pueden romper el propio. Nuestro traductor todoterreno, el premier Carlos Ferrero, ha explicado que todas las organizaciones políticas han falsificado firmas para inscribirse. El corolario – si traducimos al traductor – es el reconocimiento de que, como sospecha todo el país, Perú Posible efectivamente ha falsificado las firmas, pero como no ha sido el único que lo hizo, ladrón que roba a ladrón…
José Portillo ha afirmado que el actual presidente del Congreso, Antero Flores Aráoz, firmó seis veces los planillones del PPC. Ha dicho también que en los planilllones presentados por Code – Renovación le falsificaron la firma hasta él mismo. Reiteró, adicionalmente, que el movimiento de Barba y Rey fue el que mayor numero de firmas adulteradas presentó. Hasta donde estoy informado, no se han desmentido sus declaraciones, posiblemente por miedo a desencadenar nuevas revelaciones. Hay que añadir a esto el peritaje policial, sobre una muestra de las firmas presentadas, en la cual se ha encontrado un 15 % de firmas adulteradas de Perú Posible y un 40 % de firmas igualmente falsificadas de Code – Renovación.
En realidad, no eran necesarias estas pruebas para concluir que Rafael Rey y José Barba montaron una estafa en gran escala en contra del país. Code – Renovación, su movimiento, presentó 2 270 335 firmas a la ONPE, una cantidad equivalente al 18.8% de los electores inscritos en el padrón electoral en ese momento, y es un insulto a la inteligencia de los peruanos pretender que creamos en la buena fe de quienes montaron semejante brulote. Si aceptamos que todos los partidos falsificaron firmas, todos los políticos serian casi iguales. Lo que diferencia a Rafael Rey de los demás es su formidable cinismo. No puede pensarse otra cosa de quien lanza una denuncia contra el presidente Toledo por el mismo delito en que él está incriminado. Mal parado queda el Opus Dei si esa es la calidad moral que puede exhibir uno de sus correligionarios más destacados.
Más allá de la anécdota, se está poniendo en evidencia la gravedad de la crisis de la legitimidad del sistema político. Esto no va a ser solucionado por quienes prometen, a cambio de nuestro voto, "refundar" el país. Hacer un Parlamento con una o dos cámaras, mantener el voto obligatorio o hacerlo facultativo, no va a solucionar el problema. Encarar la crisis de legitimad requiere, ante todo, el valor de reconocer la gravedad de la situación. No parece que esto interese a quienes se preparan para candidatear."
Como consecuencia de este artículo el entonces congresista Rafael Rey Rey interpuso una querella por difamación contra Nelson Manrique Gálvez. De acuerdo a la normatividad procesal penal vigente la querella es una denuncia penal de parte que el presunto agraviado puede formular directamente ante un Juez Penal cuando es víctima de algún delito contra su honor.
Según el artículo 132° del Código Penal vigente incurre en la comisión del delito de difamación "El que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a ciento veinte días multa.
(…) Si el delito de comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos sesenticinco días multa".
Luego de realizar las elementales actuaciones judiciales correspondientes a un proceso penal de esta naturaleza, el 15 de marzo de 2006 el 47° Juzgado Penal de Lima dictó sentencia en la cual absolvió a Nelson Manrique Gálvez del delito contra el honor, en la figura de difamación agravada por medio de prensa, en agravio de Rafael Rey Rey. El querellante interpuso apelación contra este fallo y como consecuencia de ello el expediente fue remitido a un tribunal superior.
A partir del 28 de Julio de 2006 el señor Rafael Rey Rey es Ministro de la Producción del gobierno del presidente Alan García.
El 16 de agosto de 2006 la Quinta Sala Penal con reos Libres de Lima, instancia que absolvió la apelación interpuesta contra el fallo absolutorio, emitió resolución en la cual declaró nula la sentencia de fecha 15 de marzo de 2006 que absolvió a Nelson Manrique Gálvez, porque consideró que "… de la revisión de los presentes actuados, se advierte que existen suficientes elementos probatorios de la comisión del delito contra el honor - difamación agravada por medio de prensa…" en agravio del querellante. En esta misma resolución la Quinta Sala Penal ordenó que otro juez sea quien emita la nueva sentencia.
El 9 de enero de 2007 el 41° Juzgado Penal de Lima dictó sentencia (expediente N° 422 – 2006) en la cual declaró que encontraba culpable a Nelson Manrique Gálvez del delito contra el honor, en la figura penal de difamación agravada y dispuso la reserva del fallo condenatorio y el pago de una reparación civil de un monto de 3,000 nuevos soles. La referida sentencia señala textualmente que,
"Que, de la revisión de los presentes actuados, se advierte que existen suficientes elementos probatorios de la comisión del delito contra el honor-difamación agravada por medio de prensa, estando a la imputación uniforme y categórica del querellante, así como de la lectura de los artículos periodísticos, obrante a fojas seis y nueve donde se advierte de lo redactado que, si bien es cierto los hechos, devienen de un acontecer público y social, no menos cierto es que en los referidos artículos se esta individualizando la conducta del querellante al referirse "en realidad no eran necesarias estas pruebas para concluir que Rafael Rey y José Barba Caballero montaron una estafa en gran escala en contra del país", así como mencionar: "lo que diferencia a Rafael Rey de los demás es su formidable cinismo. No puede pensarse otra cosa de quien lanza una denuncia contra el presidente Toledo por el mismo delito en el que esta siendo incriminado, argumentos que estarían atentando contra el honor de la persona, por lo tanto se infiere de los actuados el accionar delictivo del querellado en el hecho denunciado".
El señor Nelson Manrique Gálvez presentó recurso de apelación contra esta sentencia a pesar que en ella se reserva el fallo condenatorio.
El día 15 de Junio de 2007 la Quinta Sala Penal de Reos Libres de Lima (Exp. 884 – 2005) realizó la audiencia en la cual los abogados de las partes hemos informado ante los miembros del tribunal. A partir de esta fecha la Sala Penal está habilitada para emitir sentencia sobre el presente caso. En esa oportunidad los abogados del Instituto de Defensa Legal hemos sostenido que en el presente procesos penal no existe delito alguno, toda vez que lo que se ha sometido a la justicia son las opiniones de una persona sobre un asunto de interés público en el que se encuentran involucrados personajes, como el señor Rafael Rey Rey quien al ser congresista de la república, tenía la condición de funcionario público.
Para el Instituto de Defensa Legal el hecho de que el tribunal que resolverá la apelación sea el mismo que ordenó anular la sentencia absolutoria de 2006, bajo el argumento de que existían elementos de prueba que demostraban su responsabilidad penal, es un elemento que hace presumir que este tribunal podría confirmar la sentencia dictada el 9 de enero de 2007 en la cual se declara culpable del delito de difamación agravada a Nelson Manrique Gálvez.
Consideramos que estos hechos nos colocan en una situación en la cual, a través de un proceso penal, se pretende sancionar las opiniones de una persona.
Estamos ante un caso en el que un ciudadano en ejercicio de sus derechos fundamentales expresa sus ideas y opiniones en relación a un problema (la falsificación de firmas de adherentes) que en su momento constituyó un escándalo político que involucró a reconocidos integrantes de la clase política peruana y de manera especial al entonces congresista de la república Rafael Rey Rey, es declarado culpable de cometer un hecho delictivo. Ello, a todas luces, es una grave afectación a uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática.
Cunado el artículo 13°, 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce que "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección", está reconociendo a la libertad de expresión como un derecho fundamental e inalienable de las personas.
Para el Instituto de Defensa Legal la abierta posibilidad de que el tribunal de apelación (Quinta Sala Penal de reos Libres de Lima) confirme la sentencia impuesta contra el señor Nelson Manrique Gálvez en la que es declarado culpable del delito contra el honor en la figura de difamación agravada no solo constituiría un grave precedente de afectación a la libertad de expresión en el Perú, sino que también sería el establecimiento de facto de un delito de opinión.
Por estas consideraciones solicitamos a usted señor Relator para la Libertad de Expresión desarrolle urgentemente las acciones necesarias para evitar la consumación de esta grave afectación a la libertad de expresión en el Perú.
Lima, 22 de Junio de 2007
www.ipys.org/ultimasaler.php / contacto: postmaster@ipys.org
21 de junio de 2007
PERÚ: CONDENAN A COLUMNISTA POR OPINAR SOBRE LA CONDUCTA DE UN POLÍTICO
El 9 de enero de 2007, el 41º Juzgado Penal de Lima encontró culpable al historiador Nelson Manrique, columnista del diario Perú 21, del cargo de difamación agravada en contra del Rafael Rey, actual ministro de la Producción, quien lo querelló en noviembre de 2005 cuando era congresista. El juzgado ordenó el pago de 3 mil soles (US$ 950) de reparación civil y se reservó el fallo condenatorio por un año.
Entre abril y mayo de 2005, Manrique escribió que Rey y su partido CODE ― Renovación, falsificaron firmas para inscribirse en las elecciones generales del año 2000, basándose en sus propias deducciones y en datos de alcance público. Calificó el hecho como "una estafa de gran escala en contra del país". En una respuesta pública, Rey sostuvo que eran falsos tanto las deducciones de Manrique como sus datos.
El historiador fue absuelto en primera instancia. Tras la apelación de Rey, la Quinta Sala Especializada en lo Penal anuló la resolución al considerar que, si bien el tema era de interés público, Manrique centraba sus opiniones en Rey. Usando esos mismos criterios, el 41º Juzgado Penal lo condenó.
Manrique apeló la sentencia, y el caso ha vuelto a la Quinta Sala Penal, que ya se pronunció sosteniendo su culpabilidad. Ello asegura que la apelación del columnista será desestimada.
De la lectura de los artículos, el IPYS considera que Manrique ejerció su derecho de opinión, y que sus expresiones no pueden ser castigadas por ningún juez sin violar la Constitución y los conveniosinternacionales suscritos por el Perú. Asimismo, expresa su preocupación porque la misma sala que revocó la absolución es la que ahora ve el caso.
Acciones recomendadas:
Solicitar a la justicia que revoque el fallo, ya que Manrique opinó sobre un tema de interés público amparado en sus derechos constitucionales.
Dirigirse a:
Corte Superior de Justicia de Lima
Quinta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres
Donayre Mavila, Rosario – vocal
Escobar Antezano, Carlos – vocal
Vidal Morales Juan Carlos - vocal
Av. Abancay cdra. 5 s/n. Edificio Anselmo Barreto León
Telf.: 51 426-5010 (anexos 1220-1228-1107-1218)
Fax: 51 427-1600
Señor
Ignacio ALVAREZ
Relator para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington.-
De nuestra consideración;
Carlos RIVERA PAZ, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (Lima, Perú), por la presente desea hacer de su conocimiento el caso del ciudadano peruano Nelson Manrique Gálvez y solicitar la intervención de vuestra Relatoría.
El ciudadano peruano Nelson Manrique Gálvez es historiador, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Perú y semanalmente escribe una columna periodista en el diario "Perú 21" de Perú. En dicha columna, desde hace más de dos años, analiza diversos temas de la actualidad política nacional. El ciudadano Manrique Gálvez es uno de los más reputados analistas políticos del país.
El 25 de abril de 2005 el ciudadano Manrique Gálvez publicó en el diario "Perú 21" su columna semanal titulada "Una Democracia a Sola Firma" en la cual comentó sobre la existencia de diversas organizaciones políticas nacionales que para lograr su inscripción ante las instancias electorales del Perú habían falsificado las firmas de decenas miles de supuestos adherentes. En el artículo se aborda de manera especial la situación del movimiento político CODE – Renovación, organización que era liderada por el entonces congresista de la república Rafael Rey Rey. El artículo señala textualmente lo siguiente:
"Una Democracia a sola firma"
Esta semana debe presentarse el informe parlamentario sobre la presunta falsificación de firmas y las interrogantes sobre la legitimidad del sistema político peruano se van a poner en el orden del día.
El ex jefe de la ONPE, José Portillo Campbell, ha dicho en el Parlamento que "todas las organizaciones tienen techo de vidrio". Dicho en otras palabras, no les conviene a los partidos tirar piedras sobre el techo del vecino porque pueden romper el propio. Nuestro traductor todoterreno, el premier Carlos Ferrero, ha explicado que todas las organizaciones políticas han falsificado firmas para inscribirse. El corolario – si traducimos al traductor – es el reconocimiento de que, como sospecha todo el país, Perú Posible efectivamente ha falsificado las firmas, pero como no ha sido el único que lo hizo, ladrón que roba a ladrón…
José Portillo ha afirmado que el actual presidente del Congreso, Antero Flores Aráoz, firmó seis veces los planillones del PPC. Ha dicho también que en los planilllones presentados por Code – Renovación le falsificaron la firma hasta él mismo. Reiteró, adicionalmente, que el movimiento de Barba y Rey fue el que mayor numero de firmas adulteradas presentó. Hasta donde estoy informado, no se han desmentido sus declaraciones, posiblemente por miedo a desencadenar nuevas revelaciones. Hay que añadir a esto el peritaje policial, sobre una muestra de las firmas presentadas, en la cual se ha encontrado un 15 % de firmas adulteradas de Perú Posible y un 40 % de firmas igualmente falsificadas de Code – Renovación.
En realidad, no eran necesarias estas pruebas para concluir que Rafael Rey y José Barba montaron una estafa en gran escala en contra del país. Code – Renovación, su movimiento, presentó 2 270 335 firmas a la ONPE, una cantidad equivalente al 18.8% de los electores inscritos en el padrón electoral en ese momento, y es un insulto a la inteligencia de los peruanos pretender que creamos en la buena fe de quienes montaron semejante brulote. Si aceptamos que todos los partidos falsificaron firmas, todos los políticos serian casi iguales. Lo que diferencia a Rafael Rey de los demás es su formidable cinismo. No puede pensarse otra cosa de quien lanza una denuncia contra el presidente Toledo por el mismo delito en que él está incriminado. Mal parado queda el Opus Dei si esa es la calidad moral que puede exhibir uno de sus correligionarios más destacados.
Más allá de la anécdota, se está poniendo en evidencia la gravedad de la crisis de la legitimidad del sistema político. Esto no va a ser solucionado por quienes prometen, a cambio de nuestro voto, "refundar" el país. Hacer un Parlamento con una o dos cámaras, mantener el voto obligatorio o hacerlo facultativo, no va a solucionar el problema. Encarar la crisis de legitimad requiere, ante todo, el valor de reconocer la gravedad de la situación. No parece que esto interese a quienes se preparan para candidatear."
Como consecuencia de este artículo el entonces congresista Rafael Rey Rey interpuso una querella por difamación contra Nelson Manrique Gálvez. De acuerdo a la normatividad procesal penal vigente la querella es una denuncia penal de parte que el presunto agraviado puede formular directamente ante un Juez Penal cuando es víctima de algún delito contra su honor.
Según el artículo 132° del Código Penal vigente incurre en la comisión del delito de difamación "El que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a ciento veinte días multa.
(…) Si el delito de comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos sesenticinco días multa".
Luego de realizar las elementales actuaciones judiciales correspondientes a un proceso penal de esta naturaleza, el 15 de marzo de 2006 el 47° Juzgado Penal de Lima dictó sentencia en la cual absolvió a Nelson Manrique Gálvez del delito contra el honor, en la figura de difamación agravada por medio de prensa, en agravio de Rafael Rey Rey. El querellante interpuso apelación contra este fallo y como consecuencia de ello el expediente fue remitido a un tribunal superior.
A partir del 28 de Julio de 2006 el señor Rafael Rey Rey es Ministro de la Producción del gobierno del presidente Alan García.
El 16 de agosto de 2006 la Quinta Sala Penal con reos Libres de Lima, instancia que absolvió la apelación interpuesta contra el fallo absolutorio, emitió resolución en la cual declaró nula la sentencia de fecha 15 de marzo de 2006 que absolvió a Nelson Manrique Gálvez, porque consideró que "… de la revisión de los presentes actuados, se advierte que existen suficientes elementos probatorios de la comisión del delito contra el honor - difamación agravada por medio de prensa…" en agravio del querellante. En esta misma resolución la Quinta Sala Penal ordenó que otro juez sea quien emita la nueva sentencia.
El 9 de enero de 2007 el 41° Juzgado Penal de Lima dictó sentencia (expediente N° 422 – 2006) en la cual declaró que encontraba culpable a Nelson Manrique Gálvez del delito contra el honor, en la figura penal de difamación agravada y dispuso la reserva del fallo condenatorio y el pago de una reparación civil de un monto de 3,000 nuevos soles. La referida sentencia señala textualmente que,
"Que, de la revisión de los presentes actuados, se advierte que existen suficientes elementos probatorios de la comisión del delito contra el honor-difamación agravada por medio de prensa, estando a la imputación uniforme y categórica del querellante, así como de la lectura de los artículos periodísticos, obrante a fojas seis y nueve donde se advierte de lo redactado que, si bien es cierto los hechos, devienen de un acontecer público y social, no menos cierto es que en los referidos artículos se esta individualizando la conducta del querellante al referirse "en realidad no eran necesarias estas pruebas para concluir que Rafael Rey y José Barba Caballero montaron una estafa en gran escala en contra del país", así como mencionar: "lo que diferencia a Rafael Rey de los demás es su formidable cinismo. No puede pensarse otra cosa de quien lanza una denuncia contra el presidente Toledo por el mismo delito en el que esta siendo incriminado, argumentos que estarían atentando contra el honor de la persona, por lo tanto se infiere de los actuados el accionar delictivo del querellado en el hecho denunciado".
El señor Nelson Manrique Gálvez presentó recurso de apelación contra esta sentencia a pesar que en ella se reserva el fallo condenatorio.
El día 15 de Junio de 2007 la Quinta Sala Penal de Reos Libres de Lima (Exp. 884 – 2005) realizó la audiencia en la cual los abogados de las partes hemos informado ante los miembros del tribunal. A partir de esta fecha la Sala Penal está habilitada para emitir sentencia sobre el presente caso. En esa oportunidad los abogados del Instituto de Defensa Legal hemos sostenido que en el presente procesos penal no existe delito alguno, toda vez que lo que se ha sometido a la justicia son las opiniones de una persona sobre un asunto de interés público en el que se encuentran involucrados personajes, como el señor Rafael Rey Rey quien al ser congresista de la república, tenía la condición de funcionario público.
Para el Instituto de Defensa Legal el hecho de que el tribunal que resolverá la apelación sea el mismo que ordenó anular la sentencia absolutoria de 2006, bajo el argumento de que existían elementos de prueba que demostraban su responsabilidad penal, es un elemento que hace presumir que este tribunal podría confirmar la sentencia dictada el 9 de enero de 2007 en la cual se declara culpable del delito de difamación agravada a Nelson Manrique Gálvez.
Consideramos que estos hechos nos colocan en una situación en la cual, a través de un proceso penal, se pretende sancionar las opiniones de una persona.
Estamos ante un caso en el que un ciudadano en ejercicio de sus derechos fundamentales expresa sus ideas y opiniones en relación a un problema (la falsificación de firmas de adherentes) que en su momento constituyó un escándalo político que involucró a reconocidos integrantes de la clase política peruana y de manera especial al entonces congresista de la república Rafael Rey Rey, es declarado culpable de cometer un hecho delictivo. Ello, a todas luces, es una grave afectación a uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática.
Cunado el artículo 13°, 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce que "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección", está reconociendo a la libertad de expresión como un derecho fundamental e inalienable de las personas.
Para el Instituto de Defensa Legal la abierta posibilidad de que el tribunal de apelación (Quinta Sala Penal de reos Libres de Lima) confirme la sentencia impuesta contra el señor Nelson Manrique Gálvez en la que es declarado culpable del delito contra el honor en la figura de difamación agravada no solo constituiría un grave precedente de afectación a la libertad de expresión en el Perú, sino que también sería el establecimiento de facto de un delito de opinión.
Por estas consideraciones solicitamos a usted señor Relator para la Libertad de Expresión desarrolle urgentemente las acciones necesarias para evitar la consumación de esta grave afectación a la libertad de expresión en el Perú.
Lima, 22 de Junio de 2007
martes, 1 de mayo de 2007
Sobre "The Civil Sphere", de Jeffrey Alexander
Social Skills, by Alan Wolfe
The New Republic
Issue date 04.23.07
Alan Wolfe is a contributing editor at The New Republic.
The Civil Sphere, by Jeffrey C. Alexander (Oxford University Press, 2006, 793 pp., $35)
I.
Can sociology be saved? It ought to be. Not long ago, sociology was the most promising of the social sciences. At a time when economists had not yet discovered rational actors and political scientists belonged to government departments, sociology was the American social science most in touch with the great minds of Europe. Inspired by Emile Durkheim and Max Weber, sociologists wrote books that grappled with the contradictions and the potentialities of the modern condition. Even when it was in the grip of academic professionalism, sociology was distinctive. America's most famous sociologist during the 1940s and 1950s was Talcott Parsons of Harvard, a dreadful writer and a builder of imponderably complex classifications, but for all his abstruseness Parsons addressed many of the salient issues of his time (notably McCarthyism) and many of his collaborators and students--Edward Shils, Robert K. Merton, Robert Bellah, Neil Smelser--became giants in the field.
By the time the 1960s rolled around, radical students were ready for sociology--and sociology was ready for them. Out at Berkeley, Nathan Glazer and Seymour Martin Lipset greeted the New Left with something less than enthusiasm; for them, the student movement seemed uncomfortably close to European extremism. But then there was Columbia's C. Wright Mills, a Camus-like figure to the radicals of his day, whose books were read as holy scripture. And even if the radical students did not like what thinkers such as Daniel Bell or David Riesman said about them, their understanding of American society was deepened by The End of Ideology and The Lonely Crowd. In the heady atmosphere of the time, sociology, like left-wing politics, looked like a growth industry. The idea that one or the other--let alone both--would enter a steep period of decline simply did not seem possible.
Sociology is not completely dead, even if some of its former adherents, such as Peter Berger and Irving Louis Horowitz, have written its epitaph. There are figures--William Julius Wilson, Richard Sennett, Orlando Patterson, Paul Starr--who write for a broad general public. And others--Jerome Karabel, Kristin Luker, James Davison Hunter--have written important books that help Americans to understand such contentious issues as university admissions policies, abortion, and the culture war. Yet sociology does not attract the best and the brightest among college students, and few of its practitioners have become household names. (In 1954, David Riesman was on the cover of Time!) The field no longer has much use for its European originators. Half of the discipline is engaged in number-crunching, while the other half does thinly disguised (or completely overt) left-wing politics. Meanwhile, academics from all the social sciences, including sociology, turn to economics for models of human behavior, while political science attracts significant numbers of undergraduate majors and speaks to the issues central to the disasters of the Bush years. So sociology exists, but it does not flourish. Some universities have closed their sociology departments down. Others just leave them underfunded, knowing full well that their poorly paid members have nowhere else to go.
One reason why sociology may be in trouble--the most serious reason, come to think of it--is that it lacks both an agreed-upon subject matter and a distinctive methodology. Economists study things involving money, and even those who apply their skills to non-economic subjects, including faith and family, are linked to their disciplinary colleagues by the commitment to a common method. Political scientists have a pretty good idea of what politics is, and while they study power in many locations, including the international arena, they typically agree that power involves, in Harold Lasswell's pithy formulation, who gets what, when, and how. But what is sociology's proper area of study? It once was "society," a broad term that includes both economics and politics; but sociologists, given their current troubles, would be hard-pressed to be so confident and imperialistic today. Yet if not society, what?
Unless sociologists can define with some precision a subject and a method unique to them, they will never recover the intellectual prestige that they once enjoyed. Jeffrey Alexander's new book is the most audacious attempt in recent memory to establish a turf for the discipline of sociology. Alexander's aim is to offer "a new theory of society by defining a new sphere, its cultural structures, its institutions, and its boundary relations with discourses and institutions outside it." Sociology, in Alexander's view, does have a distinct subject matter and methodology, and he is going to tell us what they are and demonstrate what insights they can provide. These are big claims. If Alexander, who is certainly one of the most significant sociological theorists in the United States, makes good on his claims, his discipline has the potential to flourish once again. But if someone with his abilities and his accomplishments fails, then sociology is in worse trouble than we imagined.
II.
The subject matter of sociology, Alexander argues, is civil society. This was once a term in considerable vogue. Theorists of the Scottish Enlightenment such as Adam Ferguson had used the expression to insist on the importance of cooperative relations of trust and mutual obligation. Hegel borrowed it from Ferguson, and for that reason Ferguson's ideas came to have an influence on Marx, although Marx would vehemently disagree with the contention of the Scottish school that commercial activities encourage peaceful resolutions of conflicts. Rousseau's notions of civil religion, as well as Tocqueville's discovery of voluntary associations in American life, could be read as endorsements of the importance of civil society. Although the idea of civil society lost its way toward the end of the nineteenth century, there was enough life in the idea to spark new interest when a series of momentous events in the late twentieth century seemed to require it for their explanation.
The most important of those events was the rebellion against communism led by Eastern European intellectuals. Hating the state for its repressive proclivities, yet unwilling to turn their countries into laissez-faire bazaars, these activists turned to civil society as an alternative to both the market and the state. The term was quickly picked up by social theorists in the West who were looking for something other than an increasingly dysfunctional welfare state and the cold-hearted forms of Thatcher-Reaganism. Eventually the ideas associated with civil society would make their presence felt in a social science best-seller, Robert Putnam's Bowling Alone. (Alas for sociology, Putnam is a political scientist.) Everything seemed in place for a huge revival. Civil society would liberate intellectuals from stale political debates between left and right. It would call attention to the serious problems facing families threatened by divorce as well as communities facing unemployment. It would remind us that obligations to others cannot be satisfied by pursuing only our self-interest, and that duties must not be relegated to indifferent bureaucracies. We would all be communitarians forevermore.
And yet the promised intellectual revolution never came to pass. Newly enfranchised voters in Eastern Europe chose governments committed either to Milton Friedmanism or to ethnic nationalism. Some left-wing thinkers in the West began to realize that religion was one of the most important components of civil society and that the greater reliance upon it might violate their secularist commitments, while others argued that the loosening of once-strong family ties, perhaps a loss for solidarity, was a gain for the autonomy of women. On the right, Ronald Reagan proved to be something less than a full-throated libertarian; if his form of conservatism threatened liberal values, it was certainly not by washing government down the bathtub. And more recently, George W. Bush's policies, far from shrinking government, expanded its repressive features.
Under confusing political conditions such as these, it was by no means clear that a third path between the market and the state really did exist, or that, even if it did, it was a fruitful path to take. Civil society still had a following, but its major adherents, such as Andrew Arato and Jean Cohen, were writing about Hegel and Habermas, not about concrete institutions and the roles that they do or should perform. By the first years of the twenty-first century, civil society has lost much of its promise, as an idea and as an ideal.
This is the vacuum that Alexander seeks to fill. Civil society, he writes, "should be conceived as a solidarity sphere, in which a certain kind of universalizing community comes to be culturally defined and to some degree institutionally enforced." This conception contains a number of important definitional points. With "solidarity," Alexander links back to Durkheim, so as to remind us that we are collective creatures whose individual well-being is intimately shaped by the communities in which we live. With "sphere," he echoes Michael Walzer, to suggest that our collective side is just one aspect of our behavior as human beings, that it has its own rules of organization, and that it can be threatened by other spheres operating with different rules. "Universalizing" builds upon the fact that while the institutions of civil society are particularistic--we belong only to certain civic organizations and adhere to specific religions--through our membership in them we become full members of the larger communities of which we are a part. "Culturally defined" means that the ways in which we move back and forth from the particular to the universal are shaped by artifacts of meaning expressed through language and symbolic representations. And "enforced" represents Alexander's conclusion that civil society, which we shape, in turn shapes us by holding out ideas of moral obligation, which, if we are to lead full lives as members of society, we ought to fulfill.
Civil society, in sum, is both an empirical reality and a utopian goal. Like the economic and political spheres of society, it marks out territory that can be studied using empirical methods. But unlike them, it evokes a normative conception of how society should be organized, which requires deep familiarity with political theory, moral philosophy, and (although Alexander does not emphasize this sufficiently) theology. Through the civil sphere, human beings do not just act; they also aspire. Sociologists who study them should do the same. When they study what society is, sociologists have in mind an ideal of what society ought to be. Society is not just about money and power. It is also about meaning. And the search for meaning, unlike the quests associated with money and power, brings out what is most fully human about us.
There is, then, a distinct methodology that accompanies sociology's concern with the civil sphere. To appreciate fully the role that meaning plays in the lives of human beings, Alexander continues, "we need to employ semiotic theories of binary codes, literary models of rhetoric and narrative, and anthropological concepts of performance and myth." Sociology's distinctive methods are dialogical: words are as much a sociological reality as the things that words strive to describe. Far more than economists and political scientists, sociologists are interested in how human beings communicate with one another. Such communication is shaped by binary codes, for if we are at one and the same time creatures operating in an already existing world and hoping to live in a better one, we are likely to divide the ways we think and speak into categories that reflect this duality of our social existence. The particular and the universalistic, the good and the bad, the real and the imagined--all have to become part of the way we think about how society functions.
Civil society itself is dualistic in nature; it implies the existence of uncivil society. In the one realm, our motives are active, calm, and self-controlled, while in the other they are dependent, excitable, and irrational. Our civil relations with others are characterized by altruism and honesty, while our uncivil ones are marked by secrecy and greed. The civil institutions that bring out the best in us are regulated by laws and seek to be inclusive, while those that bring out the worst are factionalized and power-hungry. Rather than taking motives, relationships, and institutions for granted, as if they fulfilled some function that they were put on this earth to perform, sociologists are constantly engaged in processes of translation, moving between behavior shaped by requirements of power and material gain to forms of behavior shaped by community-building and collective solidarity. (Although he does not say so explicitly, this focus on human communication is Alexander's way of coming to terms with Talcott Parsons, whose commitments to functionalism owed much to forms of biology that paid particular attention to the way human beings change the world around them through the ways they talk about it.)
Understood this way, Alexander believes that sociology's emphasis on the civil sphere broadens our understanding of how modern societies are organized. There is a tendency in the other social sciences to adopt a posture of hyper-realism. Based ultimately on the contention of Thrasymachus that justice is nothing but the interest of the stronger, hyper-realism insists that the uncivil sphere--greed in the marketplace, power in politics--is the only sphere that matters. Yet modern societies tend to be democratic ones, and democracy insists on the refinement and growth of civil ways of acting and thinking. Thus public opinion and the mass media, for all their flaws, act as checks on the power-hungry; and voluntary associations and interest groups teach civic skills; and elections offer accountability; and power resides in the offices that leaders occupy rather than with those leaders themselves. The health of a democracy is defined as the distance between an autonomous civil sphere and the state. If the distance is great, democracy is vibrant. If the two spheres combine, democracy ceases to exist.
Much the same can be said for law. It is wrong, Alexander argues, to view law as a set of commands made on high meant to force compliance on those below. Law itself is more a way of drawing lines between civil behavior, which society ought to (and frequently does) reward, and uncivil behavior, which it should (and does) punish. Lawyers and judges ask what a "reasonable" person might do under a particular set of circumstances, and the term "reasonable" is meant to establish a civil standard that is both ideal and achievable. The matters that law seeks to regulate, especially contractual relations, do not need the law if they are regulated well themselves, and when uncivil behavior leads to the breaking of a contract, it is by no means certain that the law can restore it. We "see" the law working, especially if we watch television, which cannot get enough judges, lawyers, criminals, and trials before an insatiable viewing audience. We do not see civil relations the same way, but without them we cannot have a system organized by laws.
The civil realm is simultaneously vibrant and vulnerable. Crucial to the workings of politics and economics, it is also threatened by the uncivil behavior of both states and markets. This puts sociologists in something of a bind. They must insist on the autonomy of civil society, as a sphere with a logic and method of its own; but the health of civil society is determined by its relationship to other spheres, and so sociologists must pay attention to them as well. Alexander is most interested in what he calls "civil repair." Uncivil motives and behaviors do not necessarily have to drive out civil ones. On the contrary, new forms of civil relations can challenge uncivil forms of inequality or immorality and improve them. When this happens, sociology is at its best, for its practitioners can not only claim to have understood something that those committed to more static models of human behavior cannot, they have also helped their own society grow by calling attention to what it needs in order to do so.
Sociology, then, is organized by its own binary codes, just like society. Against conservatism, which sees no need for social improvement, sociology insists that life can be better than it is. But unlike revolutionary Marxists who want to transform society from top to bottom, sociology's concern with the civil sphere recognizes that tomorrow's civil institutions grow out of today's uncivil ones. Civil society is not a blueprint for a utopian society, but it is nonetheless utopian. "Civil society," Alexander observes, "is a project. It is a restless aspiration that lies deep in the soul of democratic life." Any academic discipline that makes civil society central to its outlook on the world will aim simultaneously at social understanding and social justice, for once we understand what happens in the civil sphere, we begin to appreciate how one cannot take place without the other.
III.
Not content with laying out the elements of a theory, Alexander uses the concept of civil society to analyze what happens when excluded groups demand inclusion into society's mainstream. There already exists a huge body of literature on "new social movements," but the analysis of their dynamics, inspired by various versions of Marxist theory, looks at the resources that they mobilize and the gains in material benefits that they achieve. We need instead to appreciate them, Alexander argues, as vehicles of civic repair. Through their experiences, we can understand how groups once perceived as uncivil contribute to the broadening of the civility of the society to which they belong.
Conflicts in society, Alexander points out, do not take place only over matters of money and power. New social movements raise questions about the distribution of recognition, "about who will be what, and for how long." A good example is provided by feminism. If we look at concrete accomplishments, there may be grounds for concluding that the women's movement failed: the Equal Rights Amendment never passed, and women have not achieved equal wages. In symbolic terms, however, the women's movement dramatically transformed a rigid duality in which women were assigned to the private realm of the family while men were allowed access to the public realm of politics. That uncivil division no longer exists, and feminism can take credit for its disappearance. Once an uncivil way of dividing women from men is abolished, it is possible to find a civil one in its place, such as the idea, associated with Carol Gilligan, that women's way of caring for others is less rule-bound than men's. Civil society is not repaired by getting rid of binary codes, for that would be impossible. It is improved when binary codes that oppress are replaced by ones that liberate.
Alexander devotes four chapters of his book to the ways in which struggles on behalf of racial justice contributed to civic repair. It is important to him, as it should be, that the leaders of the movement for civil rights, especially in the early days of their campaign, acted civilly. This was by no means an easy thing to do. The institutions and the practices of southern racism were offensive, degrading, and often violent. Against such uncivil practices, activists such as Martin Luther King Jr. could easily have chosen to react in kind. But they did not. "From Montgomery on, the movement's success, both locally and nationally, depended upon its ability to establish a solidaristic relation with the broader, less racially distorted, civil sphere, which drew its power from geographic regions outside the South." The goal of the civil rights movement was not just to develop power in order to challenge the power of southern officialdom. It was also to change the very meaning of politics by adding a discursive dimension to arguments about racial justice.
King, in this context, was a brilliant performer who understood his role to perfection. A master of symbolic representation, he translated a political struggle into a process of sanctification. Evil would be compared to good on terms in which good would become the ultimate winner. Once the majority of Americans understood that the issue they were facing was whether the United States could live up to its civic ideals, they would inevitably identify with the humble non- violence of the demonstrators rather than with the hate-filled, club-wielding representatives of unjust authority.
Not everything went as smoothly as King had hoped. Alexander analyzes not only the victories of the civil rights movement, but also its defeats. Albany, Georgia was only one place in which the dramaturgy did not work as expected when southern police chiefs refused to be baited into violent action against demonstrators. When violence did take place--the killing of the young girls in the Birmingham church, the horrors of the march for voting rights in Selma--its sheer brutality sapped much of the movement's idealism. Congress responded by passing the Civil Rights Act of 1964 and the Voting Rights Act of 1965, but the civil rights movement "lost its centrality to the normative core of American civil society." Black power became a rallying cause. King proved unable to bring to Illinois the same moral clarity that he evinced in Mississippi, and the problems facing the inner-city poor proved too difficult to be solved by his means. Once those developments were locked in place, the language and practice of civic repair gave way to rhetorical protest and conservative backlash, neither of which was especially civil.
Movements for inclusion demand that society change to accommodate their demands. But society also requires that such movements change if they are to become full members. So how much give should there be on either side? Alexander has no use for what he calls backlash movements, which seek to preserve existing society against any and all newcomers. But he also worries about assimilation: demanding that new groups give up what is distinctive about them as the price for membership is as uncivil as rejecting their demands entirely.
In search of an example to demonstrate the ambiguities of assimilation, Alexander turns to an unlikely place. The leftist sympathies with the oppressed that have inspired many students of social movements have rarely prodded them to pay much attention to the case of the Jews. People seem to think that Jews are too well established in too many societies to count as victims any longer. Alexander will have none of this. In his view, the story of Jewish assimilation is a mixed blessing. In terms of the societies to which they aspired, they arrived as citizens, but they did not necessarily arrive as Jews.
To tell the story of how this took place, Alexander adds Europe to his American focus, and to the eighteenth and nineteenth centuries he adds the twentieth and twenty-first. The problem, as he sees it (and he is relying here on a rich historical literature), begins with the Enlightenment. Gentiles such as Christian Wilhelm von Dohm were willing to accept Jews if Jews abandoned their Jewishness, and Jews such as Moses Mendelssohn, while rejecting Dohm's anti-Semitic views, prepared the ground for Jewish assimilation into modern civil society by emphasizing the ethical and universal side of Judaism more than its status as a revealed religion. From there it was an inevitable and rather swift step to Reform Judaism and its rude modernizing of the liturgy and the halachic tradition--and eventually to even purely secular movements led by intellectuals of Jewish background.
By the time Jews started fleeing to the United States, the bargain was sealed. In this country Jews would eventually have access to all major social institutions, but not on terms established by themselves. Symbolic of the situation they faced, Alexander notes, was the fact that the Barbie doll, the quintessential expression of WASP womanhood, was developed by Ruth Handler, a Los Angeles Jew. Even in what seems like a great success story, incorporation has not take place, Alexander believes, "in a truly effective and egalitarian manner." Jews, he oddly concludes, remain at least marginally outsiders in America, no matter how inside they seem. The whole idea of Jewishness is being threatened, he says, not by anti-Semitism but by Jewish success.
IV.
The Civil Sphere is a long, deeply researched, and--despite occasional lapses into jargon--well-written book. It covers a very broad range of topics and brings fresh perception to many of them. There is an intellectually curious, eclectic, and engaging mind on display throughout these many pages. Yet on the crucial question of whether Jeffrey Alexander provides the materials that would enable sociology to lay claim to its own intellectual turf, the answer must be no. Nearly everything he writes about can be just as easily analyzed without the concept of civil society; and even when the concept proves useful, it does so in ways different from how Alexander thinks it should.
Of the many issues discussed by Alexander, the one that least fits with his ideas about civil society is the issue of the Jews. This is not to suggest that the subject of Jewish assimilation is unimportant. I simply do not see what is gained by adding the idea of civil society to a debate that has gone on, as Alexander rightly points out, since the eighteenth century. Non-Jews determined to oppose the incorporation of Jews into public life said very uncivil things about them. Christians who welcomed them often had ambivalent motives for doing so. Jews who accepted the terms offered to them had (as signers to any imperfect contract would have) reservations. These are topics that have engaged philosophers and historians for centuries, and all have written about them without having developed a theory of civil society.
Is there any particular reason for making the incorporation of Jews central to the story of civil society? Alexander thinks so. "In the history of Western societies," he writes, "no issue has loomed larger for the civil sphere than the incorporation of the Jews." I find the lack of qualification in this sentence troubling. I would like to believe that my people may be the West's most important people, but I am afraid (and a little glad) that this is not the case. Surely, given their greater numbers, we ought to recognize that the incorporation of Catholics into once-Protestant countries such as the United States is a historical phenomenon of great importance. I cannot imagine a more pressing issue right now than the question of whether Muslims will be successfully incorporated into the primarily Christian countries of western Europe and the United States. The fact is that the story of Jewish incorporation is one significant story among many, and calling it the most significant one either requires an argument to that effect or betrays a blindness to the experience of others.
Alexander not only wants to add the idea of civil society to a discussion where it sheds little light, he also claims that civil society can explain what nothing else can. "Considering the Holocaust in the framework of the theory of fragmented civil society," he remarks, "demonstrates how misleading it is to insist on the uniqueness of German resistance to Jewish incorporation, much less of German anti-Semitism. It was the collapse of the civil sphere in Germany, not German anti-Semitism, that allowed the Holocaust to proceed." This is theory-building gone wild. There are times when a theorist should stop, when he should admit that, much as he loves his theory, some events in the real world are so tragic, so beyond the capacity of the meager tools we develop to understand them, that a bit of theoretical modesty is the only appropriate response. I am willing to blame the rise in parking tickets or in public rudeness on the collapse of civil society; but the mass extermination of a people suggests darker and more primal forces at work.
Yet Alexander does not stop there. How can we be sure that the Holocaust was caused not by capitalism or by modernity, but by the collapse of civil society? The proof, according to Alexander, lies in what he calls "the uneven but increasingly substantial Jewish incorporation into the modern, capitalist, and often deeply anti-Semitic United States in the latter half of the twentieth century." Now, I lived the greater part of my life in the United States in the latter half of the twentieth century, and I can recognize neither the time nor the place to which Alexander refers. To be sure, Alexander does offer a few caveats: we did not have ghettos here, and our demography and geography gave Jews some protections. "Still," he continues, "the Jews' formal status in American civil society was counteracted, more forcefully even than in many European civil societies, by the deep and pervasive Christianity of the American core group." I do not doubt that there are anti-Semites in this country, and maybe even a few of them, especially those who love the Jews on behalf of their own Christian eschatology, have undue political influence. But we turn to a theory of society not only to understand how it works, but to distinguish one society from another. Alexander's decision to open a chapter on Jewish incorporation in the United States, where Jews have flourished, by tying the subject to the fate of the Jews in Europe, where they were murdered en masse, makes no sense to me, empirically or normatively.
Finally, Alexander's discussion of the Jews does not prove what he wants it to prove, which is that the story of incorporation is a tragic one. Assimilation is by its very nature "uncivil," if we mean that it forces changes upon people. But if the result is that society becomes more "civil" because people of different faiths have learned ways to live together, then every loss of civility in one place becomes a gain for civility somewhere else. Alexander begins his discussion of this issue by pointing out, correctly, that to understand what happens when outside forces confront a society, we must consider "the variable internal structure of the social system responding to such outside forces." But it is precisely the internal structure of the United States that drops out of Alexander's discussion of Jewish incorporation into America; we are told a great deal about Saul Bellow and Philip Roth, but almost nothing about the customers, many of them presumably non-Jewish, who turned them into best-selling authors. Had Alexander focused as much on the United States that was doing the incorporating as he does upon the Jews that were being incorporated, he might have noticed that a society that is more open to non-Christians than it used to be is a society that has met some of its aspirations, and in that way undergone significant civic repair.
Alexander's treatment of the civil rights movement is more defensible than his discussion of anti-Semitism, but once again he does not demonstrate that adding a theory of civil society offers startlingly new insights. Martin Luther King Jr. was indeed an inspiring figure, but his story can be told using already existing terms associated with religion and politics. He was a man of God steeped in both the prophetic tradition of the Hebrew Bible and the turn-the-other-cheek pacifism of the New Testament. He knew when to call out demonstrators, how to speak to followers, how to treat enemies, and how to deal with politicians. Of course he relied upon symbols, but that is because symbols were his most effective political resource. King was a realist as well as an idealist. Especially in the great years of his movement, he knew the weakness and the strength of the cards he was dealt, and was able to minimize the one and to maximize the other. To be sure, the movement he led was an unusual one. But if the means used were inspirational, the ends sought were, in a political sense, conventional: power, including the power to vote, for those who had been denied it.
Even if the means used to bring issues of racial justice to the fore were distinct during the early years of the civil rights movement, they lost that distinctiveness when the issues became national in scope. John F. Kennedy realized that black votes could help him defeat Richard Nixon in 1960s, which they did, but once in office he also knew that he had to strengthen his ties with racist southern whites in his own party. His ambivalence on the issue of racial justice reflected conflicting political pressures, not the need to translate back and forth from a civil sphere to a political sphere. Alexander argues otherwise. "Kennedy had to gain recognition as a worthy representative of the civil sphere," he writes. "Only by gaining this recognition could he be trusted with control of the state's coercive power, and only if voters believed that he could be trusted in this way could he win the right to represent the civil sphere inside the state." Yet Kennedy was already president and already had control of the state's coercive power. The passage of laws outlawing discrimination and protecting the right to vote had little to do with representing the civil sphere inside the state, and much to do with the aftermath of Kennedy's assassination and the brilliance of Lyndon Johnson's quite conventional arm-twisting.
Alexander's aim, a worthy one, is to remind us that some forms of politics are different from others; that achieving civil rights for a long-oppressed minority improves the moral life of a society more than, say, passing a bill pleasing to the sugar lobby. But even if we need a new theory to explain high politics rather than low politics--and it is by no means clear that we do--Alexander does not offer it. Instead he shows an unfortunate tendency to put the adjective "civil" before as many nouns as he can. At one point in his book, in the span of just ten pages, "civil" modifies power, figures, virtue, audience, drama, traumas, community, indignation, encounters, life, rights, sphere, opinion, and effect. In nearly all those cases, the word "public" would convey just as much significance, if not more, than the word "civil." We know what public opinion is, but I doubt we can agree on what civil opinion is. Calling something civil does not make it so.
There are also problems with the cases that Alexander selects to illustrate particularly civil forms of politics. To be sure, the civil rights movement was especially ennobling. Is the movement to overturn Roe v. Wade equally so? Not for me, and certainly not for Alexander, but it is most definitely ennobling for those who make it central to their lives. Try convincing them that they are not engaged in civic repair! They have strong moral and ethical convictions that are guided by their faith. They understand and can wield the power of symbols. They have a strong sense of good and evil, and they know who is on which side. They say that they believe in democracy, and they argue that the majority's will is being thwarted by an arrogant and unrepresentative elite. They move from particular cases--an abortion clinic here, a pharmacy dispensing birth control there--to a universalistic theory of what life is and how it should be sanctified. They develop movement intellectuals who take to the pages of influential magazines to spell out the ideals that move them. They are not especially civil toward feminists who oppose them, but then again, neither are those feminists civil to them.
How, then, do they fit Alexander's categories? Should he view them as friends or enemies of the civil sphere? The truth is that, aside from a few comments about backlash, he never discusses them. In part, Alexander is reflecting the biases of the field he represents: sociologists who write about the new social movements are typically leftists who either once participated in them or more generally admire them. But the absence of the new-right movements from Alexander's book also suggests a problem with the way he defines civil society. In his discussion of binary codes, he argues that civil movements are committed to such virtues as equality and autonomy, while uncivil ones are not. Yet this defines civility as an end rather than as a process of moving toward that end. According to this way of thinking, even a movement that respected its opponents, engaged in no financial corruption, and built community among its followers would be engaged in uncivil behavior so long as its political objective was to further inequality or the acceptance of authority.
But who is to decide what is inegalitarian or oppressive? Pro-life activists claim that the rights of the fetus are equal to the rights of the mother and that someone needs to protect the future autonomy of a living creature lacking decision-making capacity now. These claims may be right or they may be wrong. But such claims cannot be judged by consigning those who disagree with the goals of feminists or egalitarians to the dreaded precincts of backlash movements. Identifying civility with left-leaning causes, which implicitly means asserting that right-wing ones are uncivil, is not a very civil thing to do.
V.
“Nothing is more practical than a good theory," Alexander writes in his conclusion. The search for justice, in his view, is not some version of woolly-headed idealism, but is built into the democratic societies in which we modern individuals live. It therefore follows that any theory of human behavior that fails to hold it up to its own constitutive ideas is anything but realistic. This is Alexander at his boldest. I admire his ambition, and I sympathize with his purpose. At a time when the social sciences try to narrow their vision as much as possible in order to appear scientific, Alexander should be congratulated for trying to broaden it as much as possible, so as to make the disciplines more humanistic.
It may be asking too much of the author of a work of this sort to tighten his argument and exercise better discretion over the cases that he selects for inclusion. After all, Alexander is trying to sweep away a lot of accumulated dust, and for that he needs something of a free hand with the broom. Still, I wish he had exercised a bit more control. Civil society is a powerful idea, and it ought not to be collapsed into purely self-interested action on the one hand or coercive power on the other. But the term is not a cure for everything that ails us. To bring out the best in civil society requires a modesty in assertion and a respect for evidence that economics and political science too frequently lack. Alexander's case is a strong one, but not strong enough. It would have been stronger if he had acknowledged also the limits of talking about solidarity and inclusion.
Jeffrey Alexander is not a new Talcott Parsons; his theoretical ambition, fortunately, is not that great. Nor is he a new Nathan Glazer or a new Daniel Bell; he lacks their capacity for clear writing and their gift for the critical application of large ideas to real situations. Nor is he a new Seymour Martin Lipset; his book lacks both data and sensible interpretations of what the data signifies. Still, he is a gifted sociologist for a time in which European social theory is once again being taken seriously in the United States. His book will not by itself resurrect his discipline, but it does demonstrate by example that sociologists are by no means irrelevant to the dilemmas of contemporary society. Human beings really do live in a world that too frequently asks the worst of us while too infrequently demanding the best. For all its flaws, The Civil Society offers grand theorizing in ways that remind us of both what we are and what we can be. Jeffrey Alexander offers sociology at least a place from which it may begin again.
The New Republic
Issue date 04.23.07
Alan Wolfe is a contributing editor at The New Republic.
The Civil Sphere, by Jeffrey C. Alexander (Oxford University Press, 2006, 793 pp., $35)
I.
Can sociology be saved? It ought to be. Not long ago, sociology was the most promising of the social sciences. At a time when economists had not yet discovered rational actors and political scientists belonged to government departments, sociology was the American social science most in touch with the great minds of Europe. Inspired by Emile Durkheim and Max Weber, sociologists wrote books that grappled with the contradictions and the potentialities of the modern condition. Even when it was in the grip of academic professionalism, sociology was distinctive. America's most famous sociologist during the 1940s and 1950s was Talcott Parsons of Harvard, a dreadful writer and a builder of imponderably complex classifications, but for all his abstruseness Parsons addressed many of the salient issues of his time (notably McCarthyism) and many of his collaborators and students--Edward Shils, Robert K. Merton, Robert Bellah, Neil Smelser--became giants in the field.
By the time the 1960s rolled around, radical students were ready for sociology--and sociology was ready for them. Out at Berkeley, Nathan Glazer and Seymour Martin Lipset greeted the New Left with something less than enthusiasm; for them, the student movement seemed uncomfortably close to European extremism. But then there was Columbia's C. Wright Mills, a Camus-like figure to the radicals of his day, whose books were read as holy scripture. And even if the radical students did not like what thinkers such as Daniel Bell or David Riesman said about them, their understanding of American society was deepened by The End of Ideology and The Lonely Crowd. In the heady atmosphere of the time, sociology, like left-wing politics, looked like a growth industry. The idea that one or the other--let alone both--would enter a steep period of decline simply did not seem possible.
Sociology is not completely dead, even if some of its former adherents, such as Peter Berger and Irving Louis Horowitz, have written its epitaph. There are figures--William Julius Wilson, Richard Sennett, Orlando Patterson, Paul Starr--who write for a broad general public. And others--Jerome Karabel, Kristin Luker, James Davison Hunter--have written important books that help Americans to understand such contentious issues as university admissions policies, abortion, and the culture war. Yet sociology does not attract the best and the brightest among college students, and few of its practitioners have become household names. (In 1954, David Riesman was on the cover of Time!) The field no longer has much use for its European originators. Half of the discipline is engaged in number-crunching, while the other half does thinly disguised (or completely overt) left-wing politics. Meanwhile, academics from all the social sciences, including sociology, turn to economics for models of human behavior, while political science attracts significant numbers of undergraduate majors and speaks to the issues central to the disasters of the Bush years. So sociology exists, but it does not flourish. Some universities have closed their sociology departments down. Others just leave them underfunded, knowing full well that their poorly paid members have nowhere else to go.
One reason why sociology may be in trouble--the most serious reason, come to think of it--is that it lacks both an agreed-upon subject matter and a distinctive methodology. Economists study things involving money, and even those who apply their skills to non-economic subjects, including faith and family, are linked to their disciplinary colleagues by the commitment to a common method. Political scientists have a pretty good idea of what politics is, and while they study power in many locations, including the international arena, they typically agree that power involves, in Harold Lasswell's pithy formulation, who gets what, when, and how. But what is sociology's proper area of study? It once was "society," a broad term that includes both economics and politics; but sociologists, given their current troubles, would be hard-pressed to be so confident and imperialistic today. Yet if not society, what?
Unless sociologists can define with some precision a subject and a method unique to them, they will never recover the intellectual prestige that they once enjoyed. Jeffrey Alexander's new book is the most audacious attempt in recent memory to establish a turf for the discipline of sociology. Alexander's aim is to offer "a new theory of society by defining a new sphere, its cultural structures, its institutions, and its boundary relations with discourses and institutions outside it." Sociology, in Alexander's view, does have a distinct subject matter and methodology, and he is going to tell us what they are and demonstrate what insights they can provide. These are big claims. If Alexander, who is certainly one of the most significant sociological theorists in the United States, makes good on his claims, his discipline has the potential to flourish once again. But if someone with his abilities and his accomplishments fails, then sociology is in worse trouble than we imagined.
II.
The subject matter of sociology, Alexander argues, is civil society. This was once a term in considerable vogue. Theorists of the Scottish Enlightenment such as Adam Ferguson had used the expression to insist on the importance of cooperative relations of trust and mutual obligation. Hegel borrowed it from Ferguson, and for that reason Ferguson's ideas came to have an influence on Marx, although Marx would vehemently disagree with the contention of the Scottish school that commercial activities encourage peaceful resolutions of conflicts. Rousseau's notions of civil religion, as well as Tocqueville's discovery of voluntary associations in American life, could be read as endorsements of the importance of civil society. Although the idea of civil society lost its way toward the end of the nineteenth century, there was enough life in the idea to spark new interest when a series of momentous events in the late twentieth century seemed to require it for their explanation.
The most important of those events was the rebellion against communism led by Eastern European intellectuals. Hating the state for its repressive proclivities, yet unwilling to turn their countries into laissez-faire bazaars, these activists turned to civil society as an alternative to both the market and the state. The term was quickly picked up by social theorists in the West who were looking for something other than an increasingly dysfunctional welfare state and the cold-hearted forms of Thatcher-Reaganism. Eventually the ideas associated with civil society would make their presence felt in a social science best-seller, Robert Putnam's Bowling Alone. (Alas for sociology, Putnam is a political scientist.) Everything seemed in place for a huge revival. Civil society would liberate intellectuals from stale political debates between left and right. It would call attention to the serious problems facing families threatened by divorce as well as communities facing unemployment. It would remind us that obligations to others cannot be satisfied by pursuing only our self-interest, and that duties must not be relegated to indifferent bureaucracies. We would all be communitarians forevermore.
And yet the promised intellectual revolution never came to pass. Newly enfranchised voters in Eastern Europe chose governments committed either to Milton Friedmanism or to ethnic nationalism. Some left-wing thinkers in the West began to realize that religion was one of the most important components of civil society and that the greater reliance upon it might violate their secularist commitments, while others argued that the loosening of once-strong family ties, perhaps a loss for solidarity, was a gain for the autonomy of women. On the right, Ronald Reagan proved to be something less than a full-throated libertarian; if his form of conservatism threatened liberal values, it was certainly not by washing government down the bathtub. And more recently, George W. Bush's policies, far from shrinking government, expanded its repressive features.
Under confusing political conditions such as these, it was by no means clear that a third path between the market and the state really did exist, or that, even if it did, it was a fruitful path to take. Civil society still had a following, but its major adherents, such as Andrew Arato and Jean Cohen, were writing about Hegel and Habermas, not about concrete institutions and the roles that they do or should perform. By the first years of the twenty-first century, civil society has lost much of its promise, as an idea and as an ideal.
This is the vacuum that Alexander seeks to fill. Civil society, he writes, "should be conceived as a solidarity sphere, in which a certain kind of universalizing community comes to be culturally defined and to some degree institutionally enforced." This conception contains a number of important definitional points. With "solidarity," Alexander links back to Durkheim, so as to remind us that we are collective creatures whose individual well-being is intimately shaped by the communities in which we live. With "sphere," he echoes Michael Walzer, to suggest that our collective side is just one aspect of our behavior as human beings, that it has its own rules of organization, and that it can be threatened by other spheres operating with different rules. "Universalizing" builds upon the fact that while the institutions of civil society are particularistic--we belong only to certain civic organizations and adhere to specific religions--through our membership in them we become full members of the larger communities of which we are a part. "Culturally defined" means that the ways in which we move back and forth from the particular to the universal are shaped by artifacts of meaning expressed through language and symbolic representations. And "enforced" represents Alexander's conclusion that civil society, which we shape, in turn shapes us by holding out ideas of moral obligation, which, if we are to lead full lives as members of society, we ought to fulfill.
Civil society, in sum, is both an empirical reality and a utopian goal. Like the economic and political spheres of society, it marks out territory that can be studied using empirical methods. But unlike them, it evokes a normative conception of how society should be organized, which requires deep familiarity with political theory, moral philosophy, and (although Alexander does not emphasize this sufficiently) theology. Through the civil sphere, human beings do not just act; they also aspire. Sociologists who study them should do the same. When they study what society is, sociologists have in mind an ideal of what society ought to be. Society is not just about money and power. It is also about meaning. And the search for meaning, unlike the quests associated with money and power, brings out what is most fully human about us.
There is, then, a distinct methodology that accompanies sociology's concern with the civil sphere. To appreciate fully the role that meaning plays in the lives of human beings, Alexander continues, "we need to employ semiotic theories of binary codes, literary models of rhetoric and narrative, and anthropological concepts of performance and myth." Sociology's distinctive methods are dialogical: words are as much a sociological reality as the things that words strive to describe. Far more than economists and political scientists, sociologists are interested in how human beings communicate with one another. Such communication is shaped by binary codes, for if we are at one and the same time creatures operating in an already existing world and hoping to live in a better one, we are likely to divide the ways we think and speak into categories that reflect this duality of our social existence. The particular and the universalistic, the good and the bad, the real and the imagined--all have to become part of the way we think about how society functions.
Civil society itself is dualistic in nature; it implies the existence of uncivil society. In the one realm, our motives are active, calm, and self-controlled, while in the other they are dependent, excitable, and irrational. Our civil relations with others are characterized by altruism and honesty, while our uncivil ones are marked by secrecy and greed. The civil institutions that bring out the best in us are regulated by laws and seek to be inclusive, while those that bring out the worst are factionalized and power-hungry. Rather than taking motives, relationships, and institutions for granted, as if they fulfilled some function that they were put on this earth to perform, sociologists are constantly engaged in processes of translation, moving between behavior shaped by requirements of power and material gain to forms of behavior shaped by community-building and collective solidarity. (Although he does not say so explicitly, this focus on human communication is Alexander's way of coming to terms with Talcott Parsons, whose commitments to functionalism owed much to forms of biology that paid particular attention to the way human beings change the world around them through the ways they talk about it.)
Understood this way, Alexander believes that sociology's emphasis on the civil sphere broadens our understanding of how modern societies are organized. There is a tendency in the other social sciences to adopt a posture of hyper-realism. Based ultimately on the contention of Thrasymachus that justice is nothing but the interest of the stronger, hyper-realism insists that the uncivil sphere--greed in the marketplace, power in politics--is the only sphere that matters. Yet modern societies tend to be democratic ones, and democracy insists on the refinement and growth of civil ways of acting and thinking. Thus public opinion and the mass media, for all their flaws, act as checks on the power-hungry; and voluntary associations and interest groups teach civic skills; and elections offer accountability; and power resides in the offices that leaders occupy rather than with those leaders themselves. The health of a democracy is defined as the distance between an autonomous civil sphere and the state. If the distance is great, democracy is vibrant. If the two spheres combine, democracy ceases to exist.
Much the same can be said for law. It is wrong, Alexander argues, to view law as a set of commands made on high meant to force compliance on those below. Law itself is more a way of drawing lines between civil behavior, which society ought to (and frequently does) reward, and uncivil behavior, which it should (and does) punish. Lawyers and judges ask what a "reasonable" person might do under a particular set of circumstances, and the term "reasonable" is meant to establish a civil standard that is both ideal and achievable. The matters that law seeks to regulate, especially contractual relations, do not need the law if they are regulated well themselves, and when uncivil behavior leads to the breaking of a contract, it is by no means certain that the law can restore it. We "see" the law working, especially if we watch television, which cannot get enough judges, lawyers, criminals, and trials before an insatiable viewing audience. We do not see civil relations the same way, but without them we cannot have a system organized by laws.
The civil realm is simultaneously vibrant and vulnerable. Crucial to the workings of politics and economics, it is also threatened by the uncivil behavior of both states and markets. This puts sociologists in something of a bind. They must insist on the autonomy of civil society, as a sphere with a logic and method of its own; but the health of civil society is determined by its relationship to other spheres, and so sociologists must pay attention to them as well. Alexander is most interested in what he calls "civil repair." Uncivil motives and behaviors do not necessarily have to drive out civil ones. On the contrary, new forms of civil relations can challenge uncivil forms of inequality or immorality and improve them. When this happens, sociology is at its best, for its practitioners can not only claim to have understood something that those committed to more static models of human behavior cannot, they have also helped their own society grow by calling attention to what it needs in order to do so.
Sociology, then, is organized by its own binary codes, just like society. Against conservatism, which sees no need for social improvement, sociology insists that life can be better than it is. But unlike revolutionary Marxists who want to transform society from top to bottom, sociology's concern with the civil sphere recognizes that tomorrow's civil institutions grow out of today's uncivil ones. Civil society is not a blueprint for a utopian society, but it is nonetheless utopian. "Civil society," Alexander observes, "is a project. It is a restless aspiration that lies deep in the soul of democratic life." Any academic discipline that makes civil society central to its outlook on the world will aim simultaneously at social understanding and social justice, for once we understand what happens in the civil sphere, we begin to appreciate how one cannot take place without the other.
III.
Not content with laying out the elements of a theory, Alexander uses the concept of civil society to analyze what happens when excluded groups demand inclusion into society's mainstream. There already exists a huge body of literature on "new social movements," but the analysis of their dynamics, inspired by various versions of Marxist theory, looks at the resources that they mobilize and the gains in material benefits that they achieve. We need instead to appreciate them, Alexander argues, as vehicles of civic repair. Through their experiences, we can understand how groups once perceived as uncivil contribute to the broadening of the civility of the society to which they belong.
Conflicts in society, Alexander points out, do not take place only over matters of money and power. New social movements raise questions about the distribution of recognition, "about who will be what, and for how long." A good example is provided by feminism. If we look at concrete accomplishments, there may be grounds for concluding that the women's movement failed: the Equal Rights Amendment never passed, and women have not achieved equal wages. In symbolic terms, however, the women's movement dramatically transformed a rigid duality in which women were assigned to the private realm of the family while men were allowed access to the public realm of politics. That uncivil division no longer exists, and feminism can take credit for its disappearance. Once an uncivil way of dividing women from men is abolished, it is possible to find a civil one in its place, such as the idea, associated with Carol Gilligan, that women's way of caring for others is less rule-bound than men's. Civil society is not repaired by getting rid of binary codes, for that would be impossible. It is improved when binary codes that oppress are replaced by ones that liberate.
Alexander devotes four chapters of his book to the ways in which struggles on behalf of racial justice contributed to civic repair. It is important to him, as it should be, that the leaders of the movement for civil rights, especially in the early days of their campaign, acted civilly. This was by no means an easy thing to do. The institutions and the practices of southern racism were offensive, degrading, and often violent. Against such uncivil practices, activists such as Martin Luther King Jr. could easily have chosen to react in kind. But they did not. "From Montgomery on, the movement's success, both locally and nationally, depended upon its ability to establish a solidaristic relation with the broader, less racially distorted, civil sphere, which drew its power from geographic regions outside the South." The goal of the civil rights movement was not just to develop power in order to challenge the power of southern officialdom. It was also to change the very meaning of politics by adding a discursive dimension to arguments about racial justice.
King, in this context, was a brilliant performer who understood his role to perfection. A master of symbolic representation, he translated a political struggle into a process of sanctification. Evil would be compared to good on terms in which good would become the ultimate winner. Once the majority of Americans understood that the issue they were facing was whether the United States could live up to its civic ideals, they would inevitably identify with the humble non- violence of the demonstrators rather than with the hate-filled, club-wielding representatives of unjust authority.
Not everything went as smoothly as King had hoped. Alexander analyzes not only the victories of the civil rights movement, but also its defeats. Albany, Georgia was only one place in which the dramaturgy did not work as expected when southern police chiefs refused to be baited into violent action against demonstrators. When violence did take place--the killing of the young girls in the Birmingham church, the horrors of the march for voting rights in Selma--its sheer brutality sapped much of the movement's idealism. Congress responded by passing the Civil Rights Act of 1964 and the Voting Rights Act of 1965, but the civil rights movement "lost its centrality to the normative core of American civil society." Black power became a rallying cause. King proved unable to bring to Illinois the same moral clarity that he evinced in Mississippi, and the problems facing the inner-city poor proved too difficult to be solved by his means. Once those developments were locked in place, the language and practice of civic repair gave way to rhetorical protest and conservative backlash, neither of which was especially civil.
Movements for inclusion demand that society change to accommodate their demands. But society also requires that such movements change if they are to become full members. So how much give should there be on either side? Alexander has no use for what he calls backlash movements, which seek to preserve existing society against any and all newcomers. But he also worries about assimilation: demanding that new groups give up what is distinctive about them as the price for membership is as uncivil as rejecting their demands entirely.
In search of an example to demonstrate the ambiguities of assimilation, Alexander turns to an unlikely place. The leftist sympathies with the oppressed that have inspired many students of social movements have rarely prodded them to pay much attention to the case of the Jews. People seem to think that Jews are too well established in too many societies to count as victims any longer. Alexander will have none of this. In his view, the story of Jewish assimilation is a mixed blessing. In terms of the societies to which they aspired, they arrived as citizens, but they did not necessarily arrive as Jews.
To tell the story of how this took place, Alexander adds Europe to his American focus, and to the eighteenth and nineteenth centuries he adds the twentieth and twenty-first. The problem, as he sees it (and he is relying here on a rich historical literature), begins with the Enlightenment. Gentiles such as Christian Wilhelm von Dohm were willing to accept Jews if Jews abandoned their Jewishness, and Jews such as Moses Mendelssohn, while rejecting Dohm's anti-Semitic views, prepared the ground for Jewish assimilation into modern civil society by emphasizing the ethical and universal side of Judaism more than its status as a revealed religion. From there it was an inevitable and rather swift step to Reform Judaism and its rude modernizing of the liturgy and the halachic tradition--and eventually to even purely secular movements led by intellectuals of Jewish background.
By the time Jews started fleeing to the United States, the bargain was sealed. In this country Jews would eventually have access to all major social institutions, but not on terms established by themselves. Symbolic of the situation they faced, Alexander notes, was the fact that the Barbie doll, the quintessential expression of WASP womanhood, was developed by Ruth Handler, a Los Angeles Jew. Even in what seems like a great success story, incorporation has not take place, Alexander believes, "in a truly effective and egalitarian manner." Jews, he oddly concludes, remain at least marginally outsiders in America, no matter how inside they seem. The whole idea of Jewishness is being threatened, he says, not by anti-Semitism but by Jewish success.
IV.
The Civil Sphere is a long, deeply researched, and--despite occasional lapses into jargon--well-written book. It covers a very broad range of topics and brings fresh perception to many of them. There is an intellectually curious, eclectic, and engaging mind on display throughout these many pages. Yet on the crucial question of whether Jeffrey Alexander provides the materials that would enable sociology to lay claim to its own intellectual turf, the answer must be no. Nearly everything he writes about can be just as easily analyzed without the concept of civil society; and even when the concept proves useful, it does so in ways different from how Alexander thinks it should.
Of the many issues discussed by Alexander, the one that least fits with his ideas about civil society is the issue of the Jews. This is not to suggest that the subject of Jewish assimilation is unimportant. I simply do not see what is gained by adding the idea of civil society to a debate that has gone on, as Alexander rightly points out, since the eighteenth century. Non-Jews determined to oppose the incorporation of Jews into public life said very uncivil things about them. Christians who welcomed them often had ambivalent motives for doing so. Jews who accepted the terms offered to them had (as signers to any imperfect contract would have) reservations. These are topics that have engaged philosophers and historians for centuries, and all have written about them without having developed a theory of civil society.
Is there any particular reason for making the incorporation of Jews central to the story of civil society? Alexander thinks so. "In the history of Western societies," he writes, "no issue has loomed larger for the civil sphere than the incorporation of the Jews." I find the lack of qualification in this sentence troubling. I would like to believe that my people may be the West's most important people, but I am afraid (and a little glad) that this is not the case. Surely, given their greater numbers, we ought to recognize that the incorporation of Catholics into once-Protestant countries such as the United States is a historical phenomenon of great importance. I cannot imagine a more pressing issue right now than the question of whether Muslims will be successfully incorporated into the primarily Christian countries of western Europe and the United States. The fact is that the story of Jewish incorporation is one significant story among many, and calling it the most significant one either requires an argument to that effect or betrays a blindness to the experience of others.
Alexander not only wants to add the idea of civil society to a discussion where it sheds little light, he also claims that civil society can explain what nothing else can. "Considering the Holocaust in the framework of the theory of fragmented civil society," he remarks, "demonstrates how misleading it is to insist on the uniqueness of German resistance to Jewish incorporation, much less of German anti-Semitism. It was the collapse of the civil sphere in Germany, not German anti-Semitism, that allowed the Holocaust to proceed." This is theory-building gone wild. There are times when a theorist should stop, when he should admit that, much as he loves his theory, some events in the real world are so tragic, so beyond the capacity of the meager tools we develop to understand them, that a bit of theoretical modesty is the only appropriate response. I am willing to blame the rise in parking tickets or in public rudeness on the collapse of civil society; but the mass extermination of a people suggests darker and more primal forces at work.
Yet Alexander does not stop there. How can we be sure that the Holocaust was caused not by capitalism or by modernity, but by the collapse of civil society? The proof, according to Alexander, lies in what he calls "the uneven but increasingly substantial Jewish incorporation into the modern, capitalist, and often deeply anti-Semitic United States in the latter half of the twentieth century." Now, I lived the greater part of my life in the United States in the latter half of the twentieth century, and I can recognize neither the time nor the place to which Alexander refers. To be sure, Alexander does offer a few caveats: we did not have ghettos here, and our demography and geography gave Jews some protections. "Still," he continues, "the Jews' formal status in American civil society was counteracted, more forcefully even than in many European civil societies, by the deep and pervasive Christianity of the American core group." I do not doubt that there are anti-Semites in this country, and maybe even a few of them, especially those who love the Jews on behalf of their own Christian eschatology, have undue political influence. But we turn to a theory of society not only to understand how it works, but to distinguish one society from another. Alexander's decision to open a chapter on Jewish incorporation in the United States, where Jews have flourished, by tying the subject to the fate of the Jews in Europe, where they were murdered en masse, makes no sense to me, empirically or normatively.
Finally, Alexander's discussion of the Jews does not prove what he wants it to prove, which is that the story of incorporation is a tragic one. Assimilation is by its very nature "uncivil," if we mean that it forces changes upon people. But if the result is that society becomes more "civil" because people of different faiths have learned ways to live together, then every loss of civility in one place becomes a gain for civility somewhere else. Alexander begins his discussion of this issue by pointing out, correctly, that to understand what happens when outside forces confront a society, we must consider "the variable internal structure of the social system responding to such outside forces." But it is precisely the internal structure of the United States that drops out of Alexander's discussion of Jewish incorporation into America; we are told a great deal about Saul Bellow and Philip Roth, but almost nothing about the customers, many of them presumably non-Jewish, who turned them into best-selling authors. Had Alexander focused as much on the United States that was doing the incorporating as he does upon the Jews that were being incorporated, he might have noticed that a society that is more open to non-Christians than it used to be is a society that has met some of its aspirations, and in that way undergone significant civic repair.
Alexander's treatment of the civil rights movement is more defensible than his discussion of anti-Semitism, but once again he does not demonstrate that adding a theory of civil society offers startlingly new insights. Martin Luther King Jr. was indeed an inspiring figure, but his story can be told using already existing terms associated with religion and politics. He was a man of God steeped in both the prophetic tradition of the Hebrew Bible and the turn-the-other-cheek pacifism of the New Testament. He knew when to call out demonstrators, how to speak to followers, how to treat enemies, and how to deal with politicians. Of course he relied upon symbols, but that is because symbols were his most effective political resource. King was a realist as well as an idealist. Especially in the great years of his movement, he knew the weakness and the strength of the cards he was dealt, and was able to minimize the one and to maximize the other. To be sure, the movement he led was an unusual one. But if the means used were inspirational, the ends sought were, in a political sense, conventional: power, including the power to vote, for those who had been denied it.
Even if the means used to bring issues of racial justice to the fore were distinct during the early years of the civil rights movement, they lost that distinctiveness when the issues became national in scope. John F. Kennedy realized that black votes could help him defeat Richard Nixon in 1960s, which they did, but once in office he also knew that he had to strengthen his ties with racist southern whites in his own party. His ambivalence on the issue of racial justice reflected conflicting political pressures, not the need to translate back and forth from a civil sphere to a political sphere. Alexander argues otherwise. "Kennedy had to gain recognition as a worthy representative of the civil sphere," he writes. "Only by gaining this recognition could he be trusted with control of the state's coercive power, and only if voters believed that he could be trusted in this way could he win the right to represent the civil sphere inside the state." Yet Kennedy was already president and already had control of the state's coercive power. The passage of laws outlawing discrimination and protecting the right to vote had little to do with representing the civil sphere inside the state, and much to do with the aftermath of Kennedy's assassination and the brilliance of Lyndon Johnson's quite conventional arm-twisting.
Alexander's aim, a worthy one, is to remind us that some forms of politics are different from others; that achieving civil rights for a long-oppressed minority improves the moral life of a society more than, say, passing a bill pleasing to the sugar lobby. But even if we need a new theory to explain high politics rather than low politics--and it is by no means clear that we do--Alexander does not offer it. Instead he shows an unfortunate tendency to put the adjective "civil" before as many nouns as he can. At one point in his book, in the span of just ten pages, "civil" modifies power, figures, virtue, audience, drama, traumas, community, indignation, encounters, life, rights, sphere, opinion, and effect. In nearly all those cases, the word "public" would convey just as much significance, if not more, than the word "civil." We know what public opinion is, but I doubt we can agree on what civil opinion is. Calling something civil does not make it so.
There are also problems with the cases that Alexander selects to illustrate particularly civil forms of politics. To be sure, the civil rights movement was especially ennobling. Is the movement to overturn Roe v. Wade equally so? Not for me, and certainly not for Alexander, but it is most definitely ennobling for those who make it central to their lives. Try convincing them that they are not engaged in civic repair! They have strong moral and ethical convictions that are guided by their faith. They understand and can wield the power of symbols. They have a strong sense of good and evil, and they know who is on which side. They say that they believe in democracy, and they argue that the majority's will is being thwarted by an arrogant and unrepresentative elite. They move from particular cases--an abortion clinic here, a pharmacy dispensing birth control there--to a universalistic theory of what life is and how it should be sanctified. They develop movement intellectuals who take to the pages of influential magazines to spell out the ideals that move them. They are not especially civil toward feminists who oppose them, but then again, neither are those feminists civil to them.
How, then, do they fit Alexander's categories? Should he view them as friends or enemies of the civil sphere? The truth is that, aside from a few comments about backlash, he never discusses them. In part, Alexander is reflecting the biases of the field he represents: sociologists who write about the new social movements are typically leftists who either once participated in them or more generally admire them. But the absence of the new-right movements from Alexander's book also suggests a problem with the way he defines civil society. In his discussion of binary codes, he argues that civil movements are committed to such virtues as equality and autonomy, while uncivil ones are not. Yet this defines civility as an end rather than as a process of moving toward that end. According to this way of thinking, even a movement that respected its opponents, engaged in no financial corruption, and built community among its followers would be engaged in uncivil behavior so long as its political objective was to further inequality or the acceptance of authority.
But who is to decide what is inegalitarian or oppressive? Pro-life activists claim that the rights of the fetus are equal to the rights of the mother and that someone needs to protect the future autonomy of a living creature lacking decision-making capacity now. These claims may be right or they may be wrong. But such claims cannot be judged by consigning those who disagree with the goals of feminists or egalitarians to the dreaded precincts of backlash movements. Identifying civility with left-leaning causes, which implicitly means asserting that right-wing ones are uncivil, is not a very civil thing to do.
V.
“Nothing is more practical than a good theory," Alexander writes in his conclusion. The search for justice, in his view, is not some version of woolly-headed idealism, but is built into the democratic societies in which we modern individuals live. It therefore follows that any theory of human behavior that fails to hold it up to its own constitutive ideas is anything but realistic. This is Alexander at his boldest. I admire his ambition, and I sympathize with his purpose. At a time when the social sciences try to narrow their vision as much as possible in order to appear scientific, Alexander should be congratulated for trying to broaden it as much as possible, so as to make the disciplines more humanistic.
It may be asking too much of the author of a work of this sort to tighten his argument and exercise better discretion over the cases that he selects for inclusion. After all, Alexander is trying to sweep away a lot of accumulated dust, and for that he needs something of a free hand with the broom. Still, I wish he had exercised a bit more control. Civil society is a powerful idea, and it ought not to be collapsed into purely self-interested action on the one hand or coercive power on the other. But the term is not a cure for everything that ails us. To bring out the best in civil society requires a modesty in assertion and a respect for evidence that economics and political science too frequently lack. Alexander's case is a strong one, but not strong enough. It would have been stronger if he had acknowledged also the limits of talking about solidarity and inclusion.
Jeffrey Alexander is not a new Talcott Parsons; his theoretical ambition, fortunately, is not that great. Nor is he a new Nathan Glazer or a new Daniel Bell; he lacks their capacity for clear writing and their gift for the critical application of large ideas to real situations. Nor is he a new Seymour Martin Lipset; his book lacks both data and sensible interpretations of what the data signifies. Still, he is a gifted sociologist for a time in which European social theory is once again being taken seriously in the United States. His book will not by itself resurrect his discipline, but it does demonstrate by example that sociologists are by no means irrelevant to the dilemmas of contemporary society. Human beings really do live in a world that too frequently asks the worst of us while too infrequently demanding the best. For all its flaws, The Civil Society offers grand theorizing in ways that remind us of both what we are and what we can be. Jeffrey Alexander offers sociology at least a place from which it may begin again.
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